Las amenazas de bomba aún causan trastornos pero en un mes disminuyeron más del 50%

Todavía perturban la rutina escolar en distintos establecimientos educativos de la Región, pero ya no con la virulencia del primer semestre del año: se trata de las amenazas de bomba, que en el último mes disminuyeron más del 50% en los colegios de La Plata, Berisso y Ensenada, según datos oficiales.

Así surge de la comparación del número total de llamados intimidatorios a escuelas que se recibieron en la primera quincena de septiembre -184- y los que se registraron en la primera de octubre -78-.

Quienes participan de la investigación para ponerle freno a este tipo de delito apuntan que el cambio de estrategia -que incluyó, entre otras medidas, la unificación de las causas, más de una veintena de detenciones y el blindaje de las escuelas más complicadas por los falsos llamados- fue clave para que el nivel de las intimidaciones comenzara a aflojar.

No obstante, en los ámbitos en los que se llevan a cabo las pesquisas admiten que todavía queda labor por hacer, por lo que en la semana que comienza está prevista otra “maratón” de allanamientos para dar con nuevos sospechosos.

Los números de las intimidaciones públicas -si bien siguen siendo altos- vienen en descenso. Hasta agosto en la Región se habían producido 589 falsas amenazas a las escuelas. Berisso era, por mucho, el distrito más castigado, con 408 falsas alarmas, seguido por La Plata, con 141 y por Ensenada, con 40.

La ola parecía no tener freno y se buscó darle un giro a la estrategia judicial: se unificaron las causas en una fiscalía y todos los expedientes por intimidaciones públicas quedaron en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Desde entonces más de una veintena de sospechosos quedaron imputados por los falsos llamados. En algunos casos fueron atrapados por la Policía en el marco de diferentes allanamientos; en otros se entregaron voluntariamente o fueron denunciados por sus padres. La semana que pasó, por caso, cayeron dos jóvenes en Berisso. A uno, de 17 años, lo entregó el padre ante la Policía. La otra es una chica de 15 años que fue identificada en un allanamiento en la zona de 2 y 172 de esa ciudad.

De entre la veintena de acusados hay uno que todavía permanece detenido: se trata de un joven de 18 años que fue atrapado en su casa de Abasto y vinculado con numerosos llamados amenazantes que recibió la escuela 22, situada en 520 entre 138 y 139 de La Granja. Para que no lo descubrieran, el joven hacía los llamados desde un teléfono público instalado en un comercio de Abasto. Pese a ello fue detectado a partir del testimonio de vecinos y distintas filmaciones. Al ser capturado le encontraron, además de celulares, armas y marihuana. Según trascendió, el fiscal le pediría la prisión preventiva en las próximas horas.

Llegado septiembre, la cantidad de intimidaciones públicas seguía dando quebraderos de cabeza a las comunidades educativas: solo ese mes hubo 329 llamados amenazantes en la Región, marcando un pico preocupante.

Para entonces se profundizaron los operativos y se empezó a implementar un nuevo mecanismo, que apunta a la “no evacuación” compulsiva de los establecimientos: consiste -como se ha explicado- en una revisión de las aulas y dependencias previa al ingreso de los alumnos, y luego la permanencia de una guardia en los accesos. De ingresar un nuevo llamado mientras esa vigilancia está activa, los agentes vuelven a verificar los espacios pero las clases no se interrumpen.

Desde entonces, en la mayoría de las escuelas de la Región la cantidad de amenazas bajó notoriamente: en la primera quincena de octubre, según cifras oficiales, las intimidaciones a establecimientos educativos fueron 78, de las cuales 37 se produjeron en La Plata, 38 en Berisso y apenas 3 en Ensenada.

“Sólo algunos casos de excepción se mantienen”, resaltaron fuentes con acceso a la causa, y aludieron a lo que ocurre en el Normal 1, donde ya sufrieron 70 amenazas de bomba y se dio la situación particular en que la Justicia resolvió imputar a su director general por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La acusación, se debe a que supuestamente ordenó evacuar el establecimiento educativo a pesar de las recomendaciones policiales, que indicaban que no había riesgo para los chicos y era mejor no desalojar.