Adelantos en la investigación de las amenazas de bomba

La decisión de la Justicia platense de acelerar la investigación de las amenazas de bomba a escuelas de la Región, disponiéndose una verdadera maratón de allanamientos en busca de detener a los sospechosos –muchos de los cuales ya es encuentran identificados- permite abrigar mayores expectativas referidas a un esclarecimiento definitivo de estos casos, que originan justificadas alarmas y alteran de manera profunda el quehacer educativo

Tal como se informó, los procedimientos en curso se incrementarán con el correr de los próximos días, a partir –entre otras circunstancias- de que las investigaciones abiertas por las intimidaciones telefónicas incorporaron nuevas tecnologías, que permitieron identificar a más de cincuenta involucrados.

Según se reveló, se sumaron a las pesquisas equipos especializados de la DDI local y expertos de la dirección de Asistencia Judicial del Poder Judicial de la Nación, disponiéndose de un moderno sistema de rastreo y entrecruzamiento de datos que permitió acelerar la identificación de los autores de las llamadas.

Lo cierto es que, pese a todo, las amenazas telefónicas siguen a la orden del día, aunque no en la cantidad que se registraban semanas atrás. A su vez, Berisso sigue siendo uno de los distritos más afectados. Y sobre esa localidad la Justicia pondría ahora la lupa. Berisso ha sido uno de los puntos más críticos, en el que, desde hace ya meses, muchas escuelas registraron amenazas y debieron adoptar el protocolo dispuesto para estas emergencias, que incluye la evacuación de los establecimientos.

A grandes rasgos debe insistirse en que las autoridades educativas y policiales, así como las comunidades educativas, no deben ceder un ápice en la lucha contra este inexplicable flagelo, seguramente instigado por personas a quienes lo que menos les interesa es la capacitación y formación de los alumnos.

Cabe recordar una vez más que las amenazas de bomba activan automáticamente las alarmas en bomberos y hospitales, donde deben disponerse de inmediato medidas para eventuales emergencias. Los autores de estos llamados anónimos debieran cobrar conciencia de los trastornos que causan y los temores que desencadenan, hasta que finalmente, en cada uno de los casos, se comprueba que tales anuncios fueron falsos.

Está claro que, además de las imprescindibles acciones –bien sea en las áreas educativa, judicial y policial– y de las eventuales sanciones que les correspondan a los autores de estas amenazas, debe existir una fuerte conciencia social de rechazo a una modalidad tan lamentable y antidemocrática.

Es de esperar que, con los adelantos tecnológicos incorporados a la investigación, la Justicia pueda esclarecer en forma completa estas intimidaciones y así poner fin a la incomprensible e injustificable escalada de amenazas que sacuden el ámbito escolar.