Nedela busca acordar con la oposición por el presupuesto antes de recurrir a la Justicia

También busca ajustar las tasas municipales en un 35% y crear un tributo de 0,66% a la carga de combustible

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Reuniones apuradas, contra reloj, con mensajes que van y vienen pero sin definición a la vista son por estas horas las postales del conflicto político que frena en Berisso la aprobación del Presupuesto 2019, un proyecto que contiene una suba de tasas del 35% escalonado en 20% y 15% entre el segundo y tercer bimestre del año próximo.

Como se ha venido informando, la oposición kirchnerista hizo caer los tres últimos intentos de sesionar negándose a ocupar las bancas y dejando al cuerpo sin quórum. El argumento más fuerte del arco K es una firme oposición a cualquier aumento, entre otras críticas a la gestión del radical en Cambiemos que gobierna Berisso desde 2015 y que rozan a los gobiernos provincial y nacional.

En ese escenario, desde el oficialismo se ha denunciado un intento de “golpe de Estado” y se ha apuntado a algunos actores de la siempre caliente interna del PJ berissense que, por caso, tiene en el Concejo Deliberante representantes de tres de los cuatro espacios que pugnan por la candidatura a la intendencia en las elecciones del año próximo.

Entre otros actores, Nedela había logrado acordar el aumento del 35% en las tasas municipales con los comerciantes nucleados en la Cámara de Comercio así como se había comprometido ante las tres agrupaciones de taxistas de Berisso que no se les iba a cobrar la tasa por carga de combustible, otro de los temas espinosos contenido en la ordenanza fiscal que se intenta aprobar.

Pero desde la oposición kircherista reclamaron que el intendente también acuerde con otros comerciantes que no integran la Cámara y se mantienen al margen de esa entidad conducida por un comerciante berissense que además es funcionario provincial de Cambiemos.

Después de tres intentos por sesionar, en uno de los cuales hubo gritos, insultos y una agresión a codazos a una concejala de Cambiemos, el oficialismo dejó entrever que podría pedir el auxilio de la fuerza pública para conseguir que los 10 ediles del arco opositor ocupen sus bancas y den quórum. La resistencia opositora incluye al massista Gustavo Yacenko y a Jorge Pagano, este último definido como “anti K” pero que acompaña en esta instancia al kirchnerismo.

Con todo, el intendente Jorge Nedela confirmó que se están haciendo consultas jurídicas porque, dijo, “esto sin dudas es una situación de extrema gravedad institucional porque el Concejo tiene que funcionar y eso es responsabilidad de los concejales”.

Para Nedela, “no podemos dejar sin funcionar a un poder del Estado. Si el Congreso o la Legislatura no funcionarían ante la posibilidad de perder una votación, sería una locura”.

“No dar quórum puede ser utilizado como una herramienta en una o dos posibilidades, pero no para paralizar el funcionamiento de un poder del Estado”, advirtió Nedela.

“Lo que está pasando es tan grave que estamos ante un conflicto de Poderes, donde uno de ellos no está funcionando y que la propia Constitución da la herramienta para recurrir a la Corte y evaluar de qué manera se puede poner en funcionamiento un poder del Estado, así que para mí es una situación muy grave”, dijo.

Sobre el dialogo con la oposición política, Nedela dijo que “no estoy cerrando la posibilidad de seguir dialogando pero en algún momento los concejales se tienen que sentar y dar la discusión donde corresponde, que es el Concejo Deliberante”.

En tanto, entre otras voces opositoras, el edil Sastián Mincarelli, del bloque PJ-UC, dijo que “los berissenses no nos merecemos un ajuste de fin de año y pidió al Ejecutivo que “reflexione sobre la crisis que está viviendo”.

“Es una posición por la quieren hacernos cargo a nosotros de la gestión que es deficiente que no puede brindar servicios y las calles que asfaltan convierten a la ciudad en un picadero. Creo que están subestimando al vecino, al electorado. No es por este aumento despiadado y porque Unidad Ciudadana propone que no haya aumento no se van a poder pagar los sueldos, es un reduccionismo”, dijo Mincarelli.

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