Un impacto múltiple con efecto sobre los aspectos económico, social y ambiental

“Donde ya pasó el agua, estamos en el otro proceso: el post inundación, que es lo más difícil. Hay que evaluar los daños, pero principalmente analizar con los caciques lo que van a hacer con sus comunidades”, dijo el intendente de Santa Victoria Este, el pueblo más afectado por la inundación en el norte salteño, que ya provocó alrededor de 10.000 evacuados y autoevacuados y plantea serios desafíos para las comunidades originarias y criollas afectadas.

Tal es la gravedad de la situación que los vecinos en un campo de evacuados montado por el ejército pidieron quedarse viviendo allí hasta poder reconstruir sus casas, mientras el cacique del paraje La Curvita, que fue uno de los más perjudicados por la crecida debatía con su comunidad si volverían al lugar que históricamente habitaban o si buscarán otro sitio donde vivir.

Estos son algunos de los problemas que plantean las emergencias climáticas como la que se vive en Salta y que tienen un múltiple impacto que alcanza a lo económico, lo social, lo sanitario y lo ambiental, entre otras aristas.

Según indicaron fuentes oficiales, recuperar el norte salteño costará alrededor de 500 millones de pesos, contemplando los gastos de reconstrucción de una ruta afectada, que ascienden a 220 millones, la reconstrucción de las escuelas y la atención de los evacuados.

Mientras reina la inquietud ante la posibilidad de que nuevas lluvias en el sur de Bolivia afecten al curso del Pilcomayo provocando otro desborde, en la provincia se declaró la emergencia hídrica, vial, sanitaria y social de los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, General San Martín y Rivadavia.

En tanto y según ambientalistas, también es múltiple el impacto de los incendios.

Entre otros perjuicios, afectan a la biodiversidad y facvorecen la proliferación de las plantas invasoras sobre las nativas, destruyendo nutrientes y erosionando el suelo, lo que a la vez propicia inundaciones y corrimientos de tierra. Al mismo tiempo producen fuertes pérdidas económicas y materiales.

Sólo entre noviembre de 2016 y enero de 2017 se quemaron 1.070.000 hectáreas en La Pampa, 125.000 en Mendoza, 610.000 en Río Negro y 160.000 en Buenos Aires.