El Gobierno vuelve contra Echegaray y quiere investigar a un presunto testaferro

La Oficina Anticorrupción puso en la mira a la supuesta propietaria de una empresa que sería socia del ex titular de la AFIP

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El gobierno nacional volvió a apuntar todos los cañones sobre la figura de Ricardo Echegaray. Y en busca de reimpulsar la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, aportará nuevos elementos a esa investigación relacionados a un “testaferro” del ex titular de la AFIP.

Según trascendió ayer, la Oficina Anticorrupción puso en la mira a Mariana Paula Guerra. El organismo sospecha de que esa cordobesa de 48 años es la presidenta de “Hacienda Argentina”, un feed lot presuntamente vinculado a Echegaray.

Guerra mantiene una amistad de años con Silvana Karina Oviedo, esposa del ex funcionario kirchnerista.

La empresaria apuntada compartió el polémico viaje con Echegaray a Brasil

 

La Oficina Anticorrupción pidió una serie de medidas de prueba al juez federal Sergio Torres. El organismo que conduce Laura Alonso entiende, en función de una serie de información que maneja, que existiría algún vínculo comercial entre Guerra y Echegaray.

“Para la Oficina Anticorrupción hay sospechas de que sería testaferro de Echegaray”, aseguró ayer Alonso.

“La Oficina Anticorrupción, como querellante en la causa, entiende que hay que profundizar la investigación. El patrimonio de Echegaray no está claro, por algo la causa está abierta. Y nosotros trabajamos para llevarla hasta las últimas consecuencias”, añadió Alonso.

El organismo solicitó a la Justicia cinco medidas de prueba en relación a la situación financiera de Guerra.

¿Cómo enlaza el organismo que preside Alonso a Echegaray y Guerra?. Sostiene que Guerra es presidente de la empresa “Hacienda Argentina”. Y que el domicilio de esa firma “coincide con un inmueble propiedad de la esposa de Echegaray”, ubicado en el edificio de la calle Paraguay 3343, en Capital Federal.

Además, a un departamento de Echegaray habría llegado la correspondencia del Banco Nación, a nombre de “Hacienda Argentina”.

La Oficina Anticorrupción sostiene además que Guerra “aparece sugestivamente adquiriendo de manos de Echegaray dos lotes ubicados en la localidad de El Calafate, por sumas en principio muy superiores a las obtenidas por otras ventas que realizó Echegaray de lotes similares”.

Esta operación no cerraría, entre otras cosas, porque Guerra figuraba como monotributista, con ingresos “desde $ 15.001 a $ 30.000”.

Esta situación llevó a la OA a pedir que se investigara el patrimonio de Guerra: sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, la información de propiedades y bienes automotores, todos sus extractos bancarios, sus eventuales participaciones en sociedades y fideicomisos y si ingresó a los diversos blanqueos de capitales que se impulsaron en los últimos años.

El pedido de la Oficina Anticorrupción trasciende unos días después de que la Sala I de la Cámara Federal ordenara la excarcelación de Cristóbal López. La Casa Rosada sospecha de que uno de los principales beneficiados por esa resolución fue justamente Echegaray.

En tren de atar lazos entre el ex funcionario y la empresaria, el organismo que preside Laura Alonso señala, en función de registros de la Dirección Nacional de Migraciones, que “Guerra compartió el viaje que realizaron a Río de Janeiro a fines de 2013”.

Aquél periplo fue revelado el programa “Periodismo para Todos”, que dio cuenta de que fue Jorge “El Uruguayo” Lambiris, empresario aduanero que Echegaray debía controlar como titular de la AFIP, quien se hizo cargo de los gastos.

Según trascendió, habría costado unos 80 mil dólares.

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