Política y Economía

Dictan la falta de mérito a De Vido, pero igual seguirá preso

La medida también beneficia a Roberto Baratta, ex funcionario kirchnerista, que sí quedará en libertad

La Cámara Federal porteña benefició hoy con falta de mérito y ordenó la inmediata libertad del ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa por la compra de buques con gas licuado, aunque el ex funcionario seguirá detenido con prisión preventiva por otra investigación de corrupción, la del Yacimiento Carbonífero Río Turbio.

A partir de esta resolución de la Sala I del Tribunal de Apelaciones, con voto dividido, quedará en libertad el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión ese ministerio en la gestión de De Vido, Roberto Baratta.

Baratta está procesado en otras dos causas penales por corrupción, una por defraudación en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio y la otra por gastos irregulares en Planificación, pero en ambos casos sin prisión preventiva.

Por ello, al quedar firmada su falta de mérito por parte de los camaristas Jorge Ballestero y Martín Irurzun, con el desacuerdo de Leopoldo Bruglia, recuperará su libertad luego de estar preso en la cárcel de Marcos Paz por orden del juez del caso, Claudio Bonadio.

El caso de De Vido es diferente porque fue detenido en otra causa penal acusado por una multimillonaria defraudación con desvío de fondos para la reconversión de YCRT en Santa Cruz y en esa pesquisa tiene confirmado su procesamiento con prisión preventiva por parte de la Cámara Federal.

Los camaristas Martín Irurzun y Jorge Ballestero, con disidencia de Leopoldo Bruglia, dictaron falta de mérito para 24 procesados por el juez federal Claudio Bonadio, entre ellos De Vido, Baratta, el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, Roberto Dromi y su hijo José Roberto Dromi, responsables de la empresa investigada "Dromi San Martino Consultores SA" y a ex funcionarios.

En el fallo los camaristas cuestionaron duramente una pericia del ingeniero David Cohen y criticaron a Bonadio por haberla usado como prueba fundamental a la hora de detener a Baratta y De Vido y procesar a todos los imputados.

Además le ordenaron realizar una nueva pericia de manera urgente, entre otros puntos a investigar, con intervención de todas las partes.

"La imputación formulada contra las diversas personas procesadas en autos se edifica en pilares que carecen de la más mínima solidez, mediante la confección de un peritaje comprometido con la búsqueda de la verdad", advirtió el camarista Ballestero.

La pericia del ingeniero Cohen, "médula espinal" del procesamiento revocado, "evidencia poco de experticia y mucho de infamia", agregó este juez.

Al caerse el peritaje "se derrumba con igual fuerza el escenario montado" por Bonadio para fundamentar los procesamientos.

Por ellos se le ordenó investigar "los motivos y conveniencias de la intervención de otras empresas (Repsol, YPF) en el proceso de compra del GNL, la efectiva existencia de intermediarios en las operaciones, la identificación e incidencia de otros costos y las negociaciones con las compañías contratantes".

En la investigación -abierta por denuncia de un particular, Juan Ricardo Mussa, como presidente de la ONG "Paso por Paso Argentina"-, se apunta a la compra de cinco millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2015, que arribaron a los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

Según la denuncia se habrían pagado precios superiores a los de mercado con un perjuicio económico para el Estado calculado en 6.995.926.798 dólares.

El perito fue denunciado por falso testimonio por parte de la defensa de De Vido y actualmente está imputado con pruebas en marcha en una causa penal en su contra.

Los tres camaristas coincidieron en cuestionar su valor como prueba pero Ballestero e Irurzun entendieron que sin ella no hay elementos suficientes para procesar a los acusados y debe profundizarse la pesquisa.

Bruglia, por su parte, votó en minoría por confirmar los procesamientos y las preventivas a Baratta y De Vido al entender que en la causa hay una auditoría que sostendría las acusaciones en su contra.

Bonadio había procesado a todos por defraudación contra la administración pública con embargos de 1.000 millones de pesos que también fueron revocados.