Solicitan la declaración jurada del juez Ballestero

La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó ayer, por unanimidad, que se entregue la declaración jurada del camarista Jorge Ballestero con sus correspondientes anexos reservados.

Ballestero, junto a Eduardo Farah, fueron los jueces del tribunal federal penal que dispusieron la excarcelación del empresario Cristóbal López y el cambio de carátula de la acusación, para que pase de fraude al Estado a evasión, un delito para el que se contemplan penas más bajas.

La investigación, a cargo del diputado Pablo Tonelli , se centra en el patrimonio de los camaristas a instancias de una denuncia de la diputada Elisa Carrió , que hace dos semanas pidió por nota al Consejo de la Magistratura que investigue los bienes del juez Ballestero, al considerar que el dictamen pudo haber estado “influido” por “intereses económicos”.

“Solicito que se realicen las investigaciones necesarias a fin de establecer la posibilidad de que ese decisorio voto pudiera haber estado influido por razones que podrían estar vinculadas con intereses económicos del magistrado”, escribió la diputada, e hizo especial referencia a “la compra de un dúplex” en la avenida Figueroa Alcorta que se habría comprado -sostuvo- con un “crédito simulado”.

Ballestero, camarista federal desde 2008, es el juez con mayor patrimonio declarado en Comodoro Py. Informó bienes por $12 millones, un crecimiento del 183% con respecto al año anterior. El incremento patrimonial del juez se justificó por el sinceramiento del valor de otras de sus propiedades.

La líder de la Coalición Cívica también solicitó al Consejo de la Magistratura que se investiguen posibles lazos entre el Casino de Puerto Madero (propiedad del empresario kirchnerista) y familiares del juez Farah.”Pido que se dispongan las medidas necesarias a fin de determinar si familiares de ex directivos de Puerto Madero cumplen funciones para el juez Eduardo Farah y/u otro juez de la Sala I de la Cámara Federal”, pidió.

Además Carrió acercó documentación al Consejo mencionando dos pedidos de juicio político a Ballestero presentados por el diputado socialista Alfredo Bravo en 1996 y 1998, el primero por irregularidades en la investigación de la mafia del oro y el segundo por incompatibilidad entre estándar de vida e ingresos de juez federal.

Con el análisis de la declaración jurada de Ballestero, Tonelli estima que se podrán obtener indicios de enriquecimiento o desestimarlos, al menos por la vía de esos documentos. Igualmente, no será la única medida. En el proceso que terminó con la destitución del otro miembro de esa sala de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, la Magistratura llevó adelante una investigación propia para comprobar la evolución patrimonial del juez y sus familiares.