La enseñanza del Derecho en la era de la comunicación y del cambio climático

Por JORGE LUIS BASTONS (*)
jlbastons@hotmail.com

Los abogados solemos estar formateados de una manera bastante particular, porque mientras nos aferramos a lo conocido y previsible, disfrutamos durante toda nuestra vida profesional de la inestabilidad emocional que presupone el cuestionamiento cotidiano de los derechos de los unos y los otros. Nos molesta por definición que nos modifiquen el articulado de cualquier ley ¡y ni que hablar cuando nos cambian un Código entero!, mientras disfrutamos enormemente de la sentencia judicial que reconoce todos y cada uno de los derechos de nuestro cliente (lo que presupone que a la contraparte no se le haya reconocido más que su derecho de defensa).

Pues bien, este “yin y yan” tan característico de la idiosincrasia del abogado promedio, tan conservador en un sentido y tan progresista en otro, resulta ser un pésimo modelo llevado al terreno de la enseñanza universitaria del Derecho. El problema es que ese conservadurismo esencial, al no encontrar en dicho ámbito educativo mayores contradictores, resistencias, ni tantas ni tan buenas propuestas superadoras del status quo, culminó por convertirse en una matriz de materias y contenidos anclados en lo sustancial en el siglo diecinueve.

En efecto, nuestra experiencia profesional, docente y dirigente universitaria, nos ha permitido comprobar una fuerte tendencia en la mayoría de las facultades de Derecho del país, por continuar aferradas a su otrora exitoso modelo de producción de profesionales. Mal que nos pese, el inmovilismo curricular que las embarga indica que no se han terminado de convencer que los vertiginosos cambios tecnológicos, culturales, políticos, económicos y hasta climáticos ocurridos en los últimos treinta años, hicieron volar por los aires la solidez de aquél viejo sistema de formación de operadores jurídicos.

En otras palabras, si nuestras Facultades de Derecho no se ponen a tono con las necesidades que los nuevos tiempos imponen, se verán prontamente privadas de todo fundamento y razón de ser, debiendo conformarse con la triste producción en masa de abogados picapleitos, formados en los saberes más básicos y rudimentarios de las Ciencias Jurídicas. Por ende, si dichas Facultades no arreglan ni ponen a nuevo su viejo casco y apuntan sus velas al norte, se quedarán boyando en un mar de ignorancia e inoperancia funcional al no poder satisfacer las demandas crecientes de la llamada sociedad de la comunicación.

Y a propósito… ¿Sabía Usted que ninguna de las principales Facultades de Derecho de las Universidades Públicas ni Privadas del país incluyen entre sus asignaturas al Derecho de la Comunicación? Sí, es una verdadera locura, pero hoy día se reciben miles de abogados al año que desconocen el régimen jurídico de la Internet, el sistema de responsabilidades de las redes sociales y la legislación aplicable a los concursos de licencias de radio y televisión. Pero tales desconocimientos no se deben a que hayan sido malos alumnos, sino a que nadie se los enseñó, sencillamente porque la materia no existe en los planes de estudio.

El mundo también plantea otro desafío que, si no lo entendemos y atendemos, se nos irá literalmente la vida. Nos referimos a la problemática de la atención del medio ambiente, que en la mayoría de las facultades de Derecho apenas se lo estudia dentro de la materia “Derecho Agrario”. Esta última es una asignatura útil y necesaria en un país agroexportador como el nuestro, que en esencia apunta a enseñar los diversos aspectos jurídicos que acompañan el proceso de producción y explotación comercial del campo. Pero como puede apreciarse, ello difiere del Derecho Ambiental, concebido como el derecho-deber de protección y reparación de los recursos naturales.

“Ninguna de las facultades de Derecho del país incluye entre sus asignaturas el Derecho de la Comunicación”

Damos un ejemplo para mostrar sintéticamente a qué apunta uno y otro derecho. Pensemos en el cambio climático: si este nos traerá en unos años un notable incremento de las temperaturas en unas zonas, mientras que en otras bajarán drásticamente, ello nos obligará a adaptar, modificar y mudar cultivos y animales de unas regiones a otras. Ante ello el Derecho Agrario se enfocará en desarrollar los instrumentos jurídicos que mejor acompañen ese proceso de readaptación y ajuste de tales recursos a las nuevas realidades. Mientras que el Derecho Ambiental buscará accionar contra las personas, empresas y países generadores de polución, buscando bajar las emisiones de los gases de efecto invernadero, así como la reparación integral del medio ambiente degradado.

Ante las omisiones descritas, pensamos que la mayoría de nuestras Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales no están a la fecha reaccionando con la debida inteligencia a los grandes, irreversibles e incontrastables cambios que se vienen dando en el mundo entero. Porque a decir verdad, los últimos cambios curriculares de la carrera de Abogacía se han producido por la aparición a mediados de 2015 del (ya no tan nuevo) Código Civil y Comercial de la Nación. Pero cuestiones tan obvias y evidentes como la incorporación del Derecho de la Comunicación, del Derecho de las Altas Tecnologías, o la consagración curricular de la autonomía académica del Derecho Ambiental, continúan siendo inexplicables “asignaturas pendientes”. Por lo que tocará a las principales Casas de Altos Estudios del país dar cuenta ante la sociedad de tal estado de situación.

Por supuesto, acá el tema no pasa por el carácter público ni privado de dichas Facultades, sino por generar desde nuestras Universidades la inteligencia estratégica que el país necesita para desarrollarse en el siglo XXI. Igualmente, si las Universidades privadas extraviaran su rumbo y se perdieran en el limbo, ello no sería tan grave ya que se financian con los aportes de sus propios alumnos, y no con el subsidio de la población en general, como sí sucede con las Universidades públicas. Por eso, en caso de darse esos extravíos en estas últimas, entonces el problema tomaría una dimensión claramente más preocupante. Ya que de así ocurrir, más tarde o más temprano, la sociedad civil se cansará de financiar la “gratuidad” de la enseñanza pública universitaria, si allí no se capacita a los estudiantes como es debido.

Pero no todas son malas noticias, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) se encuentra en plena tarea evaluadora de las carreras universitarias con incidencia social, como la abogacía y la escribanía, lo cual potencia la esperanza de que tales desafíos impliquen una revisión profunda de los programas de estudio y sus contenidos. Quizá entonces, se incorpore el Derecho de la Comunicación, se independice al Derecho Ambiental del Derecho Agrario y se le reconozca la altísima categoría que el propio papa Francisco le otorga a la cuestión ambiental en “Laudato Si”, sobre el cuidado de la casa común.

Desde luego, hay otras muchas cuestiones vinculadas al mejor estudio de las Ciencias Jurídicas y su vinculación con la formación de los futuros letrados, investigadores y docentes de Derecho, pero que en comparación con las omisiones descritas, lucen infinitesimalmente menores. Por lo que su tratamiento quedará entonces para una mejor oportunidad.

(*) Abogado, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata.