Vidal busca apoyos políticos contra el traspaso de las empresas de servicios

Los gobernadores del PJ quieren que Aysa, Edenor y Edesur pasen a manos de las administraciones bonaerense y porteña

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La gobernadora María Eugenia Vidal sondea apoyos políticos en el marco de la pulseada instalada con sus pares peronistas del interior que piden el traspaso a las administraciones bonaerenses y porteña el control de tres empresas de servicios que operan en el área metropolitana.

Se trata de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y las dos empresas de energía eléctrica que prestan servicios en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Edenor y Edesur.

Las firmas quedaron en medio de una puja política en el marco de las medidas adoptadas para bajar el déficit fiscal a partir del acuerdo firmado entre el gobierno y el FMI. Fue el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el que primero puso el tema sobre la mesa de debate, al proponer que esas tres empresas que hoy están bajo la órbita del estado nacional, que aporta subsidios para su funcionamiento, pasen a la Provincia y a la Ciudad. “Hay que empezar a poner a todas las provincias en un pie de igualdad”, planteó. Y, en ese sen tido, reclamó que “inmediatamente” se traspase Aysa, Edenor y Edesur a la Ciudad Autónoma y a la provincia de Buenos Aires “porque solo prestan servicios en esos distritos”.

Además, pidió “trasladar los gastos de los servicios de Justicia de la Capital Federal, que la pagamos todos los argentinos, a la ciudad”, al tiempo que anotó en la misma lista a los subsidios al transporte de CABA y Buenos Aires, “donde hay cerca de 40 mil millones de pesos a esas dos jurisdicciones”.

Todo el paquete - si se incluye además al Ente Regulador de Energía (ENRE) y el traspaso de la justicia porteña a CABA- implicaría una reducción de 110 mil millones de pesos a las arcas nacionales, cuyo costo sería transferido a estos dos estados.

Legisladores del Peronismo Federal ya presentaron proyectos tanto en Diputados como en el Senado para el caso de las tres empresas de servicios públicos.

El tema se instaló en medio de una pulseada política. El presidente Macri necesita hacer un gesto hacia los gobernadores peronistas en el marco de las negociaciones para conseguir los votos que le permitan sancionar sin sobresaltos en el Congreso la ley de Presupuesto 2019. Además, necesita enviar señales a los mercados y al FMI sobre si decisión de no correrse de la meta de baja del déficit fiscal al 1.3 por ciento.

Pero la decisión significaría un durísimo impacto para las administraciones de Rodríguez Larreta y Vidal. “Los gobernadores peronistas quieren pasar más rojo a las arcas de la Ciudad y la Provincia para que paguemos los costos en las elecciones”, advierten, fuera de micrófono, cerca de la Gobernación.

Por eso, la gobernadora bonaerense comenzó a sondear apoyos en sectores de la oposición desde la semana para sumar músculo político en la pelea.

En ese marco, los que primero salieron a expresarse fueron intendentes del peronismo. “Es un planteo de una irresponsabilidad absoluta” por parte de los gobernadores, dijo el jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

“Es una medida que desfinancia a la Provincia y ni siquiera nos consultaron”, se quejó, por su parte, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.

En las últimas horas, a ese coro se sumó el alcalde de Almirante Brown, Mariano Cascallares. “No estamos de acuerdo con que se tomen desde otras provincias decisiones que afectan a los bonaerenses”, dijo, y agregó: “Buenos Aires tiene problemas concretos de financiamiento que se agravarían con una medida como esta”.

Incluso el intendente de Saavedra, Hugo Corvatta, aseguró que “hemos padecido durante 30 años el error del radicalismo de entregar la coparticipación. Ahora la hemos recuperado con mucho trabajo todos juntos. Así como criticamos la situación de los hospitales, estamos apoyando en esto a la gobernadora”.

Con todo, el traspaso, según trascendió en las últimas horas, estaría definido. Ayer, el tema fue eje de un encuentro que mantuvieron Macri, Vidal, Rodríguez Larreta, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, su par bonaerense Hernán Lacunza y Federico Salvai.

Habrá, dicen, una segunda reunión en los próximos días. Pero el presidente Macri parece decidido a avanzar en la medida para asegurarse los votos que le permitan sancionar el Presupuesto.

 

110.000
Millones de pesos Es la reducción estimada para las arcas nacionales si se traspasara a la órbita de la provincia de Buenos Aires y CABA el control de las empresas Aysa, Edesur, Edenor, el Ente Regulador de Energía y la Justicia porteña.

 

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