Un juez laboral dio lugar a un millonario embargo contra el gremio de los Moyano

La justicia laboral dictó, a pedido del gobierno de Mauricio Macri, un embargo por 810 millones de pesos (casi 30 millones de dólares) contra el sindicato de Camioneros, por ignorar una conciliación obligatoria en una huelga.

La decisión fue adoptada por el juez laboral José Ignacio Ramonet, que de esta forma hizo lugar a la demanda presentada por el Ministerio de Trabajo. Según la medida, el gremio no podrá disponer de un total de $809.790.710 más intereses de $242.937.213.

El embargo ante la presentación de la cartera laboral había comenzado a tomar forma la semana pasada cuando se conoció la decisión de Hugo y Pablo Moyano, los líderes del gremio, de no cumplir con la sanción.

Tras el pedido y el posterior análisis, el magistrado decretó el embargo preventivo y pidió que se libren oficios al Banco Provincia de Buenos Aires, al Banco de la Nación Argentina, al Banco Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro “a fin de que traben la medida ordenada” por la suma total de más de 1.000 millones de pesos.

El Ministerio de Trabajo, querellante en la causa, argumentó ante la Justicia que el sindicato desobedeció el 27 de diciembre de 2017 una orden de suspender una medida de fuerza-conciliación obligatoria mediante- que había convocado Moyano hijo para reclamar mejoras salariales.

Los Moyano forman parte de la oposición sindical más confrontativo con el gobierno del presidente Macri, y fueron, junto con otros gremios, promotores de la huelga general que paralizó casi todo el país el pasado 25 de junio.

La relación entre Macri y los jefes de Camioneros se ha tensado con el correr del tiempo, alcanzando en la actualidad el pico mayor de hostilidad.

El embargo y multa impuestos por la justicia laboral representan el monto más alto que se recuerde en la historia del fuero.

“Esto es una persecución política y que, por el monto, tiende a quebrar la obra social”, dijo días atrás en rueda de prensa Pablo Moyano. “Vamos a ir con los enfermos (de los sanatorios sindicales) a la puerta de la casa del ministro de Trabajo (Jorge Triaca) y del Presidente a ver si son capaces de darles respuesta. No hay motivo para semejante multa, no hubo un hecho grave”, declaró Hugo Moyano.

Ayer la voz cantante de Camioneros la llevó el abogado de Hugo Moyano, Daniel LLermanos, que la decisión es “un abuso de autoridad” y dijo que le llamó la atención “la velocidad de decisión del juez”.

El ministro Triaca había advertido días atrás que “mal que le pese a Camioneros, vamos a hacer cumplir la ley. Nadie está por encima de la ley, ni Moyano ni cualquier otro. No hay espacio para la impunidad”.