Dan luz verde al desalojo en El Retiro pero una eventual apelación podría demorarlo

Los terrenos fiscales y privados usurpados hace casi un mes en El Retiro serán devueltos a la Comuna y a sus legítimos propietarios, apenas quede firme la sentencia judicial que avaló su desalojo. Según trascendió ayer, ya están corriendo los plazos legales que contempla el ordenamiento jurídico para formular objeciones a las decisiones de los magistrados; de no presentarse, el operativo de restitución sería inminente.

La mega-toma del predio en el que funcionó hasta hace tres años el depósito de autos interdictos y a disposición de la Justicia, entre 155, 158, 49 y 52, fue fulminante y masiva. En los días sucesivos, los ocupantes siguieron procurando extender su alcance en campos aledaños, y llegaron hasta la calle 46, cercando el campo experimental del Colegio Agrotécnico Juan XXIII y el Centro de Integración Comunitaria del barrio.

Ese avance fue frenado por la acción policial y municipal, pero en el núcleo del asentamiento en formación se siguieron erigiendo casillas de machimbre y chapa, tendiendo cables y delimitando parcelas -que luego eran, en muchos casos, comercializadas- con sogas, postes y alambres.

Apenas se concretó la toma, la Comuna se presentó ante la Justicia como damnificada, y pidió el desalojo de la decena de hectáreas bajo ocupación, además de denunciar la “venta fraudulenta de lotes”. La causa se tramita en la Fiscalía Nº8, a cargo de Hugo Tesón, y el Juzgado de Garantías N°4 de Juan Pablo Masi.

La semana pasada, a pedido de la fiscalía, el magistrado dio vía libre al desalojo, y ordenó medidas complementarias como el corte del suministro clandestino de electricidad al asentamiento, y la asignación permanente de una custodia policial.

Sin embargo, los vecinos afirman que la presencia de las fuerzas de seguridad, si bien existe, es esporádica.

“De vez en cuando viene un patrullero, se queda un par de horas, mira como está todo y se va, la Policía no se queda todo el tiempo” señaló Luis, quien vive desde hace una década y media en la zona de 158 y 47: “la toma retrocedió a su lugar original, sobre el viejo depósito de chatarra de Fiscalía de Estado, y no parece estar llegando gente nueva, pero siguen meta tirar cables y construir, y a la noche no es raro que suene algún tiro”.

“El requerimiento de desalojo que elevó el fiscal está firmado, pero para que sea efectivizado hay que respetar los procedimientos establecidos” explicó el juez Juan Pablo Masi: “esto implica que una vez dictado el fallo, se comunica a las partes, la fiscalía y la Defensoría Oficial, que cuentan con un plazo para apelar si así lo desean”.

En este punto los caminos se bifurcan. Si las apelaciones no se presentan, la sentencia queda firme y avanza el procedimiento de desalojo en el corto plazo. Si se presenta una apelación, lo que suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones, el asunto pasa a un tribunal de segunda instancia que deberá decidir si ratifica o rectifica, y entran a correr nuevos plazos.

Originalmente pertenecientes a una amplia franja rural del sudoeste platense administrada por el ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia, los terrenos sobre los que se desarrolla la usurpación están hoy, por partes similares, en la órbita del municipio y el Colegio Agrotécnico Juan XXIII, que instaló allí su campo experimental y deportivo. Ante la Justicia también se presentó un particular que alega que la toma incluye parte de un lote suyo.

Las parcelas fiscales están situadas donde la delegación de Lisandro Olmos limita con las de Los Hornos y San Carlos. Salieron de la jurisdicción de Agrarios a partir de inicios de la década del ‘80 del siglo pasado. En 1981, unas siete hectáreas cedieron al Juan XXIII, un instituto de gestión privada.

Fue recién en 2008 que las hectáreas situadas entre 49, 52, 155 y 158 pasaron a manos locales, para ser afectadas “al Programa Federal de Viviendas”. En 2015, la Comuna las cedió al Instituto de la Vivienda, para que entregara casas a los afiliados a la UOCRA, pero nunca empezaron a construirse.