Indiferencia de las autoridades ante serios incidentes callejeros

El nuevo incidente callejero protagonizado en estas jornadas por un limpiavidrios ubicado en la esquina de las calles 8 y 45, en una actitud agresiva hacia un conductor, que fue captada por una cámara del Municipio, a raíz de lo cual resultó detenido, volvió a colocar sobre el tapete una cuestión que en nuestra ciudad tiene, como contexto preocupante, el crecimiento constante y descontrolado en la vía pública de actividades informales que cotidianamente originan toda clase de conflictos.

La venta ilegal de todo tipo de baratijas, que nunca fue erradicada. El accionar de trapitos que llegaron a cobrar por sus “servicios” en zonas donde, además, regía el estacionamiento medido de la Municipalidad, se pueden anotar entre las anomalías que se detectan a toda hora, sin contar con la profusión de marchas, piquetes y protestas que atentan contra la normal convivencia ciudadana.

Cabría reseñar que en estos años han sido numerosos los episodios conflictivos, con derivaciones muy graves, que se presentaron en distintas esquinas de la Ciudad, muy especialmente en sectores en donde el cruce de varias avenidas de intenso tránsito y el tiempo de espera a que obligan los semáforos facilita la actividad de los limpiavidrios, algunos de los cuales suelen ejercer una especie de violencia tácita o expresa sobre los conductores, “obligándolos” a aceptar sus servicios.

A grandes rasgos debe decirse que -al margen de que no pocas personas acuden a estas tareas informales por no contar con un trabajo fijo, como una manera de obtener ingresos y superar así sus penurias económicas- no existe justificación alguna para que algunos limpiavidrios o trapitos apelen a comportamientos violentos y extorsivos.

Tampoco debiera dejar de sopesarse que existen verdaderas organizaciones mafiosas que se valen hasta de niños de muy corta edad -como ocurre con las que actúan en torno a algunos estadios, en donde los barrabravas “administran” los espacios de estacionamiento- ocupadas de ejercer en forma sistemática este tipo de presiones para así aumentar sus ganancias.

El problema, que es complejo, se nutre de la angustiante situación socio-económica en la que se encuentran muchas personas, pero eso merece otras respuestas por parte del Estado.

Las autoridades no pueden dejar hacer y permitir la consolidación de actitudes intimidatorias, claramente delictivas en algunos casos, que degradan la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En nuestra ciudad, esta cuestión, con todas sus complejidades, debe ser abordada con decisión y voluntad firme. Pero, además, con urgencia. Porque se trata de un fenómeno que crece en forma alarmante y cada vez se tornará más difícil erradicarlo si no se cambia la actitud de indiferencia de las autoridades que ha imperado hasta ahora. Cabe esperar que, alguna vez, el reclamo aquí planteado tenga una respuesta distinta a la del dejar hacer y dejar pasar.