Cristina Kirchner apeló el procesamiento de Bonadio en la causa de los cuadernos

La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló ayer el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio el lunes pasado, quién la acusó de ser jefa de una asociación ilícita en la denominada “Causa de los Cuadernos”, donde se investigan supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su presidencia.

En su presentación, la ex presidenta acusó a Bonadio de urdir una “maniobra política” por el pedido de desafuero, pendiente hasta que la Cámara Federal confirme su decisión.

La apelación fue presentada por su abogado Carlos Beraldi y además la ex presidenta marcó que el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, se contradijo de sus declaraciones previas y que lo mismo ocurre con el testimonio del financista Ernesto Clarens.

López, en su última declaración, afirmó que los nueve millones de dólares que arrojó al convento de General Rodríguez, el 14 de junio de 2016, le pertenecían a la ex mandataria y que su entrega había sido arreglada con su secretario privado, Fabián Gutiérrez.

Cristina Kirchner sostuvo además que es “poco seria” la causa de los cuadernos, surgida a raíz de las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre supuestas entregas de dinero, en las que están detenidos ex funcionarios y empresarios.

En la apelación la defensa expresa que “no existe un solo elemento de prueba que permita sostener que la ex mandataria hubiese recibido pagos indebidos por parte de algún contratista del Estado o de cualquier otra persona”.

El juez Bonadio determinó que entre 2003-2015, Cristina “habría admitido dádivas en consideración de su oficio en veintidós oportunidades” y “habría recibido dinero para hacer o dejar de hacer actos relativos a sus funciones en otras cinco ocasiones”. Todo eso en el marco de una asociación ilícita comandada por la senadora que habría operado entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 para poner en funcionamiento un “sistema de recaudación ilegal”.

Los pagos en cuestión habrían sido efectuados por decenas de empresarios (todos contratistas del Estado) y recibidos por ex funcionarios del anterior gobierno.

“La imputación de Bonadio es tan poco seria que ni siquiera puede describirla de un modo preciso, tal como lo requiere cualquier auto de procesamiento que dicte un magistrado que reúna condiciones técnicas mínimas para desempeñar el cargo”, expresó el escrito de 18 páginas al que accedió la prensa.