"Impuse una suma en la medida de las posibilidades del acusado", dijo la jueza que liberó al motochorro

La jueza Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, Patricia Guichandut, defendió hoy su decisión de liberar a un motochorro de nacionalidad colombiana tras acordar una probation y el pago de 700 pesos, al considerar que impuso una sanción, "como lo señala la ley, en la medida de las posibilidades" del imputado.

Horas después de que se conoció su posición, la magistrada salió a avalar la expulsión del motochorro colombiano dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), por lo que el organismo solicitará a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal la "retención" del ciudadano extranjero para materializar la deportación a su país de origen, informaron hoy fuentes oficiales.

La jueza adoptó esta decisión en la causa abierta a Jair Stevens Jurado Mora (25) por tentativa de robo, luego de que desde la DNM, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, le informaran que el imputado no había apelado la decisión administrativa de ser deportado y había quedado firme.

Tras conocerse la resolución, Migraciones pedirá mañana al Juzgado en lo Contencioso Administrativo de turno que ordene la retención del extranjero para que la DNM instruya a las fuerzas de seguridad a fin de su detención y expulsión. Fuentes de Migraciones explicaron que el acto administrativo de expulsión del territorio se realizó el viernes pasado y que Jurado Mora fue notificado el mismo día. 

Por lo tanto, de acuerdo con la normativa vigente, el lunes empezó a correr el plazo de tres días para que pudiera interponer un recurso jerárquico, pero no lo hizo. Jurado Mora llegó al país hace siete meses procedente de Colombia e ingresó sin dificultades porque no había ninguna orden de restricción en su contra, pese a que luego se corroboró que en su país tiene dos causas por robo a mano armada y otra por violencia de género por haber golpeado a su pareja.

Debido a que su situación migratoria es irregular porque podía permanecer en el país un plazo de seis meses como máximo y cometió un delito flagrante, Migraciones pudo intervenir de oficio y disponer su expulsión.

LOS FUNDAMENTOS DE SU FALLO

Más temprano la magistrada emitió un comunicado dando los fundamentos de su fallo. Además de negar tener algún tipo de intervención en otra causa en la que fueron liberados otros dos motochorros, uno de ellos de nacionalidad uruguaya con antecedentes penales y con un pedido de expulsión del país, la jueza explicó que se resolvió en los tiempos estipulados para trámites de flagrancia –tal como había solicitado la fiscalía- y que la resolución no fue objetada por ninguna de las partes. 

La jueza resaltó además que cuando se tramitó el caso que tuvo como acusado al joven colombiano Jair Jurado Mora no se presentaron en el expediente constancias de que tuviese antecedentes penales en la Argentina ni en su país. 

"En las acusaciones constan los informes confeccionados por el Registro Nacional de la Reincidencia y el suministrado por la Policía Federal Argentina en los cuales no surgen la existencia de antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero Jair Jurado Mora", sostuvo la magistrada.

La jueza aseguró también que en el sumario consta que se presentaron funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones y que "dicho organismo tampoco informó al tribunal sobre la existencia de causas penales de Jurado Mora en el exterior, ni hizo saber que el nombrado hubiese estado alcanzado por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional".

La causa contra Jurado Mora fue iniciada el 21 de enero luego de que la Policía de la Ciudad lo detuviera por haber asaltado a una joven de 24 años en el barrio del Almagro a la que le arrebató un teléfono celular. 
Las críticas a la magistrada se suscitaron luego de que trascendiera que el imputado reportaba antecedentes por hurto calificado y por violencia intrafamiliar en Colombia.

"La causa fue iniciada el 21 de enero y la fiscalía le imprimió el trámite de flagrancia por lo que dentro del exiguo plazo (48 horas) contemplado en la norma se fijó audiencia para el 23", detalló la jueza.

"Como consecuencia de la suspensión de juicio a prueba, le impuse a Jurado Mora varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima, como lo señala la ley, en la medida de las posibilidades del nombrado", remarcó.

Por otra parte, la jueza sostuvo que le resultó "llamativo" que también se le atribuya a su tribunal "la intervención en una actuación penal que se le seguiría a dos ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad uruguaya apellidado Franco en el que no tuve ni tengo intervención alguna".

 

El hecho ocurrió el 22 de enero último, cuando una joven de 18 años estaba
por cruzar la calle en avenida La Plata al 100, en Caballito, con su
celular iPhone 7 en la mano. 
De repente, el motochorro le arrancó el teléfono y huyó a toda velocidad,
pero tras una persecución por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires, fue detenido.
El ladrón quedó acusado de "robo en grado de tentativa" y, a pesar de que
contaba con antecedentes en su país, la jueza le concedió una "probation" y
la libertad dos días después.
La magistrada le impuso como condiciones no consumir drogas ni alcohol
durante un año, presentarse todos los meses en el Área de Control y
Dirección de Ejecución Penal, regularizar su situación en Migraciones y
resarcir a la víctima del robo con 700 pesos.