El Gobierno supedita el manejo de las retenciones al cierre de la brecha fiscal

Mariano Spezzapria

@mnspezzapria

La primera reunión formal entre Alberto Fernández y la Mesa de Enlace fue muy llana: el campo le pidió al Presidente que no aplique el diferencial del 3% de retenciones al que lo faculta la ley de emergencia que aprobó el Congreso; y el mandatario respondió que dada la situación fiscal que atraviesa el país, no puede garantizar ese compromiso en los próximos 180 días.

Esa fue la conclusión del encuentro de una hora y media en la Casa Rosada, según pudo reconstruir EL DIA en contacto con fuentes gubernamentales y de las entidades que nuclean al campo argentino. Las retenciones a la soja quedaron en el 30% pero Alberto F. tiene margen para subirlas al 33%. Y las del trigo y el maíz se ubican en 12% pero pueden trepar al 15%.

“El Presidente nos planteó los problemas que tienen las finanzas de la Nación”, sostuvieron a coro los integrantes de la Mesa de Enlace en una conferencia de prensa posterior al encuentro. A su vez, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo que “el campo es un socio fundamental del Gobierno”. Pero en rigor, lo que importa en la Rosada es alcanzar cierto equilibrio fiscal.

En la lógica oficial, las negociaciones en ciernes con los enviados del Fondo Monetario que llegarán al país en los próximos días dejarán al Gobierno en mejores condiciones de obtener los objetivos fijados –una postergación de los vencimientos de la deuda- si se pueden mostrar números consistentes en materia fiscal. Entonces, la suba de las retenciones va en esa dirección.

Incluso, este diario pudo saber que el aumento previsto en la alícuota de Bienes Personales reemplaza la recaudación –en las cuentas que hacen en el Palacio de Hacienda y en Agricultura- al incremento de dos puntos porcentuales de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. La idea original de los técnicos del Frente de Todos era llevas las retenciones a la soja al 35%.

Pero Alberto F. priorizó no provocar un primer conflicto de proporciones con el campo en el mismo comienzo de su gestión. La suba fue entonces al 30% y podría llegar el 33% en caso de que las cuentas fiscales así lo requieran. Mientras tanto, el Gobierno analiza la instrumentación de una segmentación de retenciones, para no perjudicar a pequeños productores y cooperativas.

Los integrantes de la Mesa de Enlace, Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Carlos Achetoni (Federación Agraria), Jorge Chemes (CRA) y Carlos Iannizotto (Coninagro), aceptaron la convocatoria presidencial como un gesto de buena voluntad de un Gobierno que recién se está instalando, pero al cabo de la reunión advirtieron que “las bases están movilizadas”.

En especial, el descontento de los productores se registra en el interior bonaerense, en Córdoba y Santa Fe, aunque las entidades deslizaron que sólo el gobernador mediterráneo, Juan Schiaretti, tomó contacto con la Mesa de Enlace para manifestar su preocupación. El mantenimiento del impuesto a los Ingresos Brutos, de jurisdicción provincial, también perjudica al sector.

Así como quedaron las cosas, con una mesa de diálogo tendida pero sin certeza para los productores sobre la carga impositiva que tendrán en la próxima campaña, la diferencia entre las retenciones al 30% o al 33% sería del orden de los 800 millones de dólares para la Sociedad Rural, y de 250 millones para el Gobierno. Por lo visto, tampoco en las cuentas se ponen de acuerdo.

Los dirigentes del agro advirtieron que “las bases están movilizadas”