Denuncian por homicidio a los médicos tras la cesárea a la nena

Un grupo de abogados presentó ayer una denuncia penal por “homicidio” contra Cecilia Ousset y José Alberto Gigena, los médicos que le practicaron la operación cesárea a la nena de 11 años que había sido violada en Tucumán, quienes aseguraron que “actuaron dentro de la ley”.

La presentación judicial, radicada en la Fiscalía primera de Tucumán, también acusa a los médicos de “desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se extiende, además, a la defensora de Menores en lo Civil, Penal y del Trabajo Adriana Romano Mazzone.

“La denuncia fue ingresada hoy (por ayer) firmada por varios abogados y médicos que estamos denunciando el homicidio de la bebé que vivió 10 días”, dijo la abogada María Teresa Mockevich, quien forma parte del grupo de denunciantes.

“Extrajeron a una beba que era sana, podría haber llegado a término. Esa cesárea fue la causa de la muerte de la niña. No fue un aborto, fue un homicidio”, sostuvo.

La operación cesárea a la niña de 11 años fue practicada el 27 de febrero, y el viernes pasado murió la beba nacida luego de 23 semanas de gestación y 660 gramos de peso, lo que impulsó la denuncia del grupo de abogados tucumanos.

LA DENUNCIA

“La denuncia va dirigida, por el momento, en contra de los médicos que intervinieron. Y de la investigación penal pueden surgir nuevas personas que pueden resultar imputadas. No tenemos más información porque el tema se manejó con hermetismo. No podemos avanzar y denunciar a más personas hasta que no conozcamos la existencia de alguna conducta”, dijo ayer el abogado que lleva la denuncia, Salvador del Carril.

En tanto, los médicos se defendieron en declaraciones a la prensa y afirmaron que actuaron “dentro del marco de la ley”.

“Actué dentro del marco de la ley, tengo la tranquilidad de haber hecho lo que correspondía hacer”, dijo Gigena, y pidió que se apruebe una legislación para la interrupción voluntaria del embarazo “para que dejen de morir mujeres por el simple hecho de ser pobres, porque las que tienen dinero pueden acceder a las condiciones de seguridad y secreto en una institución sanatorial”.

“Tenemos un estado que declara a la provincia Pro Vida, le da entidad a grupos antiderechos a que se sientan dueños de la verdad y con derecho a cuestionar leyes vigentes”, aseguró el médico, en referencia a la interrupción del embarazo en los casos contemplados por el artículo 86 del Código Penal (1921).

También consultada, la médica Ousset prefirió no brindar declaraciones y aseguró que sus abogados ya están armando la estrategia para enfrentar la denuncia, que podría derivar en un pedido de detención para ella y su esposo, según reveló.

En este caso que ahora produjo la denuncia del grupo de abogados, la nena, que fue violada y embarazada, comunicó en varias ocasiones su decisión de no seguir adelante con el embarazo, y su familia presentó un pedido ante la justicia de esa provincia para la interrupción del mismo, cuando llevaba 19 semanas de gestación.

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán dilató la decisión y obligó a Lucía (identificada con ese nombre para preservar su identidad) a someterse a una cesárea.

En tanto, organizaciones como Cladem Argentina, Andhes y otras emitieron ayer una carta en “repudio a la persecución contra los profesionales que garantizaron la ILE en el caso de Lucía”.

“Advertimos que en la práctica realizada por los médicos no hay delito. En el fallo F.A.L. de la Corte Suprema se determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo”, explicaron.

“Es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen”, concluyeron.

Cabe destacar que la semana pasada el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó al Estado argentino a garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE) y señaló que impedir la práctica puede constituir una “tortura”, luego de que se conoció este caso de la niña tucumana.

También Amnistía Internacional (AI) realizó un pedido de informes a la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán para que brinde datos sobre “las violencias institucionales sufridas por “’Lucía’”, nombre con que se identifica a la niña violada que fue sometida a una cesárea para cumplir con un aborto no punible.