Una demanda social que está por encima de los avances

Darío Andrinolo

Director del proyecto Cannabis y Salud, UNLP

Desde que en marzo de 2017 el Congreso aprobó la Ley 27350 para la investigación sobre el uso medicinal del cannabis y sus derivados se ha avanzado muy poco para ponerla en práctica y esos pocos avances han sido como “una de arena y una de cal”. Da la impresión de que la ley enfrenta dentro del gobierno dos facciones con visiones contrapuestas: por un lado quienes ven la posibilidad de capitalizar estas oportunidades desde el Estado, como es el caso de la iniciativa para producir cannabis que impulsa la gobernación de Jujuy, y quienes temen que se avance demasiado por los efectos en materia de política criminal que creen que podría producir. El ministerio de Salud, dado que es la autoridad de aplicación de la ley, es el que debería proponer el camino a seguir por todos los que queremos investigar sobre cannabis medicinal y destrabar los proyectos que esperan ser autorizados, como es el caso del que impulsa el partido de La Madrid. Por encima de estas trabas hay un sociedad que no sólo reclama tener mayor acceso a los beneficios terapéuticos del cannabis sino que a falta de un contexto político a la altura de su demanda se está abriendo camino por su cuenta. Cada vez hay más gente que autocultiva para producir aceite para sus hijos, más familias que usan ese aceite casero sin un respaldo científico y más venta de aceite en forma ilegal.