En la Suprema Corte resisten la llegada del ministro impulsado por Vidal

La incorporación de Sergio Torres a la Suprema Corte está empantanada. En el seno del alto tribunal existen fuertes resistencias a la llegada del ministro propuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal al punto tal que no existe un fecha precisa para que se le tome juramento.

En lo formal, el trámite que Torres se ve impedido de cumplir es el denominado “acto de puesta en funciones”. Sencillamente, porque no se ha establecido un día para que se produzca. Ayer se esperaba que el plenario habitual de la Corte de los días miércoles brindara alguna certeza en ese sentido, pero nada de eso ocurrió.

Quienes conocen los pliegues de la Suprema Corte sostienen que quien encabeza la resistencia a la llegada de Torres es Eduardo De Lázzari, quien acaba de asumir la presidencia del alto tribunal.

Si bien el tema se maneja dentro de un marcado hermetismo, los trascendidos más firmes indican que el tema del domicilio del nuevo ministro es uno de los condicionantes.

La cuestión fue motivo de algún tironeo en el Senado cuando se trató el pliego de Torres. En aquél entonces la incógnita acerca del lugar de residencia del juez federal se justificó en razones de seguridad ya que Torres maneja causas sensibles vinculadas al narcotráfico y la Esma.

Finalmente en el pliego apareció el domicilio y las dudas se disiparon en el Senado. Pero al parecer, subsisten en la Corte donde algunos ministros creerían, según pudo saberse, que existiría cierta inconsistencia entre el lugar declarado y la efectiva residencia.

La puja ya impidió que Torres pudiera asumiera en los últimos días de la presidencia de Eduardo Pettigiani. A partir del 19 de este mes el que tomó la posta es De Lázzari, justamente, uno de los ministros que objeta a Torres.

En las últimas horas habría surgido otro inconveniente para el desembarco del candidato impulsado por Vidal. Es que en sectores de la Corte quieren que, antes de asumir, Torres renuncie a su cargo como juez federal. Por ahora esa dimisión que debe ser aceptada por el Presidente, no se concretó.

Ayer, por lo pronto, Vidal promulgó el decreto por el que se designa a Torres en la Suprema Corte. Esa decisión coincidió con el plenario que celebró ayer el alto tribunal y en el que, una vez más, se obvió ponerle fecha a la asunción.

En cambio, la Corte dictó una resolución en la que reclamó que el Ejecutivo le gire los fondos comprometidos. Un documento que ahonda los tironeos con la Gobernadora.