Demanda en EE UU a empresa de cruceros por utilizar bienes confiscados en Cuba

MIAMI

Las espinosas relaciones entre Washington y La Habana inauguraron ayer un nuevo capítulo, cuando la empresa de cruceros Carnival se convirtió en la primera compañía demandada en tribunales de EE UU por el uso de propiedades confiscadas en Cuba por la revolución de 1959.

La demanda contra Carnival Cruise Lines, con sede en Florida, fue interpuesta en un tribunal federal de Miami, apenas quedó habilitada esa posibilidad por parte del gobierno de Donald Trump.

“Esta mañana (...) por primera vez el gobierno norteamericano le dio la oportunidad a estas personas de presentar una demanda en una corte de EE UU”, dijo el abogado Bob Martínez en el tribunal.

Los demandantes son los cubanoestadounidenses Javier García Bengochea y Mickael Behn, herederos respectivamente de los puertos de Santiago de Cuba y de La Habana. Ambos acusan a la firma Carnival de haber utilizado sin su consentimiento estos puertos nacionalizados por el gobierno comunista y que, según ellos, fueron “robados” a sus familias.

La administración Trump abrió esta ventana cuando activó el 17 de abril el “Título III” de la ley Helms-Burton de 1996, sistemáticamente suspendida desde entonces por los gobernantes estadounidenses para evitar fricciones con sus aliados con intereses económicos en la isla.

Carnival “fue la primera línea de cruceros en beneficiase de nuestra propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley”, dijo García Bengochea.

Behn, que reclama sus derechos sobre los muelles de La Habana, no ocultó su emoción al leer su declaración. “En la década de 1960, los hermanos Castro y sus amigos del Partido Comunista robaron la propiedad de mi abuelo (...) Finalmente podemos obtener justicia después de 60 años”, expresó.

Por el momento, Carnival asegura que mantendrá las operaciones. “Seguiremos ofreciendo nuestro calendario normal de cruceros a Cuba para nuestros visitantes”, indicó su vocero, Roger Frizzell.

El pleito contra Carnival es uno de los cientos que podrían alcanzar a quienes usufructúan las propiedades nacionalizadas por la revolución de Fidel Castro y que prometen congestionar los tribunales del sur de Florida.

Se espera que en los próximos días el cubanoestadounidense José Ramón López Regueiro presente una demanda contra el Estado cubano y varias aerolíneas por el usufructo del aeropuerto de La Habana, que era de propiedad privada antes de la revolución.

El padre de López Regueiro, José López Vilaboy, era el principal accionista del aeropuerto, entre otras propiedades. Pero sus bienes le fueron confiscados cuando la revolución depuso a su amigo cercano, el entonces dictador Fulgencio Batista.

Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, dijo que esta medida “originará fricciones innecesarias” y acusó a Washington de violar compromisos comerciales con su implementación.

“La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional y recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la Ley Helms-Burton”, prometió. Expertos coinciden en que el Título III desalentará futuras inversiones en la isla. (AFP)