Intendentes fueron a la Corte a defender el cobro de tasas a una petrolera

La Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó ayer durante una audiencia pública los argumentos de las partes, intendentes bonaerenses, organizaciones empresarias, asociaciones civiles y “amigos del tribunal”, a favor y en contra de la autonomía de los municipios para establecer tasas comunales.

La demanda fue promovida en 2017 por Esso Petrolera Argentina S.R.L. contra la Municipalidad de Quilmes por el cobro de la tasa por “Seguridad e Higiene“, que llegó a la Corte luego de ser desestimada por la máxima instancia de la justicia provincial.

Por la petrolera actuó la abogada María Inés Giménez y por la parte demanda lo hizo el intendente Martinano Molina.

Entre quienes no son “parte” actuante, hubo representantes de 40 municipios, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) el ministerio de gobierno local y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre otros.

La tasa tiene que ser un tributo “vinculado” al servicio, pero “no hay una estricta proporción”, afirmó la letrada de Esso, aunque, ante preguntas del tribunal negó que fuera confiscatorio, pero remarcó que se trata de un problema “que debe ser resuelto en el Congreso” y “no vulnerando el principio de territorialidad”.

La letrada recordó que la tasa se fija por la “capacidad contributiva” y que, en el caso de la que aplica la comuna, significa el 1 % sobre el total provincial, siendo 24 los municipios bonaerenses en los que la compañía tiene sedes que requieren del servicio de Seguridad e Higiene, por lo que “habría una extensión de la territorialidad” en el cobro.

Molina justificó la aplicación de la tasa por el “poder de policía” del municipio “que ampara el bienestar del ciudadano” ya que “necesitamos personal para poder actuar”, destacó.

El ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín De la Torre, recalcó que la decisión que tome la Corte “tendrá un fuerte impacto” en las finanzas municipales y del Estado bonaerense, y, teniendo en cuenta el nivel de pobreza de sus habitantes “sobre los que más necesitan”.

La compañía se opone a abonar por ganancias obtenidas más allá del distrito. Quilmes la intimó en 2002 a pagar 144.007 pesos de las dos estaciones Esso en la comuna. En el cálculo, según la firma, se incorporaron los ingresos por ventas hechas por la petrolera a otros propietarios de estaciones con bandera de Esso. La empresa aduce que la carga no se corresponde con su actividad en el distrito.