Reforma Penal Juvenil: el oficialismo aprobó en Diputados el proyecto de baja en la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. En una sesión que comenzó minutos antes del mediodía, el oficialismo obtuvo una amplia mayoría y se impuso con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. Así también, se discutirá la ratificación legislativa del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La iniciativa fue respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Civica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.

El oficialismo llega a la sesión con respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas, que ayer firmaron dictámenes de mayoría para ambas iniciativas. En el Congreso se descuenta otra jornada extensa, que podría prolongarse hasta la madrugada como ocurrió ayer en el Senado que terminó con la media sanción de la reforma laboral, aunque su duración dependerá de los acuerdos entre bloques para ordenar la lista de oradores.

Además, la discusión se da en un escenario de apoyos y resistencias cruzadas entre los bloques, con posiciones discrepantes sobre el alcance de la reforma, el tipo de penas previstas y el enfoque del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

RÉGIMEN PENAL JUVENIL

El dictamen de mayoría fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta y formularon críticas al contenido del proyecto.

La iniciativa establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y crea un régimen especial para menores que combina sanciones penales con medidas de carácter social y educativo. El texto fija que los jóvenes detenidos no podrán compartir espacios de reclusión con adultos e incorpora programas de resocialización.

Además, elimina la posibilidad de prisión perpetua para menores y establece un tope máximo de 15 años de condena. Para delitos con penas menores a tres años se excluye la prisión, mientras que en casos con penas de entre 3 y 10 años —si no hubo muerte o lesiones graves— se priorizan sanciones alternativas.

A pedido de los bloques dialoguistas, el proyecto incorpora una partida presupuestaria específica para su implementación: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.