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Los operativos iniciados por Migraciones, la AFIP, la Policía bonaerense y la Municipalidad para detectar el origen de la mercadería que manejan los manteros en La Plata y también, como se dijo oficialmente, en procura de identificar a la mafia existente detrás de los vendedores ambulantes, constituye un paso si se quiere inédito y positivo en la lucha que debe darse contra la venta ilegal en la Ciudad.
En el Municipio se indicó que –al mismo tiempo que continúan las inspecciones para erradicar a los puesteros informales y decomisar mercadería- se llevan a cabo operativos con el objeto de controlar la procedencia de la mercadería que, en gran parte, llega a la Ciudad en tren o micros desde distintos puntos del área metropolitana. Ello, se consignó, en el marco de la denuncia judicial por la violación a la ley de marcas. En otras palabras, los operativos apuntan a corroborar e impedir la venta de productos falsificados, fundamentalmente por parte de integrantes de la comunidad senegalesa.
El secretario de Seguridad comunal explicó que se ha dado intervención a la Justicia para que se investigue el origen y procedencia de la mercadería que se comercializa, porque se tiene la sospecha de que, detrás de los vendedores ambulantes, funciona una mafia que opera regenteando a los trabajadores y que saca provecho de su condición de vulnerabilidad socioeconómica.
Esta sospecha, que se viene investigando desde hace un tiempo -apuntaron en la Municipalidad-, tuvo el miércoles pasado una suerte de confirmación durante un operativo que se llevó a cabo en horas de la tarde en 7 y 47. Así, dijeron que cuando los agentes comunales y los de la Policía local llegaron a esa esquina, donde se habían instalado cuatro manteros senegaleses, se comprobó que uno era el dueño de los cuatro puestos de venta. Añadieron que esa persona se puso violenta, al punto de patear un móvil policial e insultar a los agentes policiales y municipales.
Sea como sea, hace ya muchos años que desde esta columna se advertía sobre la existencia de grupos mafiosos como sostenedores y beneficiarios de la venta ambulante, responsables también de someter a personas necesitadas de trabajo a condiciones indignas y a la virtual obligación de vender marcas falsificadas.
Se había insistido, asimismo, en que el problema no era de incumbencia exclusiva de la Municipalidad, sino también de las administraciones provincial y nacional, ya que la venta ambulante, además de que se trata de una competencia desleal para el comercio establecido, implica el incumplimiento de leyes laborales y tributarias propias de esas mayores jurisdicciones, de modo que es el Estado en su conjunto el que debe actuar.
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Estos operativos iniciados por Afip, Migraciones y Policía constituyen, entonces un paso sumamente positivo. Si la Municipalidad persevera en los operativos de erradicación, en poco tiempo podrían registrarse mejoras sensibles, en un problema que aparecía como estancado y sin salida. Si a ello se suma que en las últimas jornadas se ha visto duplicada la cantidad de puesteros que se mudaron al predio municipal de 80 y 134, sólo cabe esperar que las políticas puestas en acción continúen, de tal modo que la Ciudad pueda verse liberada de un flagelo que la somete desde hace demasiado tiempo.
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