Justificados reclamos de vecinos por las nuevas usurpaciones

Poco tiempo atrás esta columna trató el problema de las usurpaciones de terrenos y de inmuebles que se sufre en nuestra zona, en una situación que refleja y reitera situaciones sociales de profunda injusticia y de riesgo, tanto para los legítimos propietarios de esos bienes como para los ocupantes irregulares. Se dijo entonces que tanto desde el Poder Judicial, como de organismos del Ejecutivo provincial y de las municipalidades de la Región no se advierten evidencias claras de que se tomarán medidas contra una actividad delictiva, que se encuentra perfectamente montada por personas y organizaciones que buscan sólo su propio provecho.

Ahora se ha presentado desde hace varias semanas la ocupación ilegal de seis hectáreas de propiedad privada, que no cesa de crecer y que se extienden ya en el perímetro comprendido por 602 a 604, desde 119 a 121 bis en el barrio de Villa Alba. Ante el fuerte reclamo de los frentistas históricos, unas 300 personas invadieron esas tierras, originándose ya conflictos de diversa índole con el vecindario relacionados a la falta de seguridad y a servicios como el de la luz. Los vecinos, dijeron, vienen sufriendo robos y amenazas, en tanto que de noche se escuchan discusiones entre los usurpadores y disparos de armas de fuego, ya que rivalizan por la posesión de alguna parcela.

En realidad, no hace falta describir lo que ocurre a partir de un acto tan ilegítimo como es la usurpación de terrenos. Bien se conoce lo que ha ocurrido en nuestra zona con las usurpaciones que se registraron últimamente en Los Hornos, Villa Elvira, City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Abasto, Olmos, José Hernández, La Granja, Melchor Romero y otras localidades y barrios que, inclusive, dependen de los cercanos municipios de Berisso y Ensenada.

Más allá de las características particulares de cada caso, interesa por lo pronto señalar que existe una suerte de protocolo previo a las usurpaciones, consistente en la realización de una “inteligencia” previa, a la que le sigue la llegada orquestada de contingentes de personas, así como de distintos materiales y maquinarias para levantar en forma rápida conjuntos de viviendas precarias, previa venta de “lotes” con medidas mínimas, en tierras además por lo general carentes de los servicios básicos de infraestructura urbana.

Tal como lo señalan los vecinos, no sólo actúan organizaciones delictivas que, bajo la excusa cierta de que existen necesidades perentorias de vivienda, fomentan estas usurpaciones con un mero propósito de lucro, sino que -sobre todo en años electorales como el que corre- algunas personas inescrupulosas se presentan como “punteros políticos” e impulsan esta modalidad, con la clara intención de conquistar una clientela electoral que los favorezca.

Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos, pero, como se dijo siempre, el Estado el que debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente.

Lo que está claro es que nada justifica la impunidad con que se mantiene protegida a personas responsables de las usurpaciones, que concretan los despojos de tierras y luego se ocupan de intentar venderlas en forma fraccionada. El Poder Judicial, el Ejecutivo provincial y los Municipios se encuentran en deuda frente a las víctimas de este delito convertido en un verdadero flagelo social, pero también en injustificable mora para acudir en defensa de la vigencia de la ley y de la Constitución.