Volver a llorar por las inocentes víctimas de la inseguridad vial

La brutal imagen de un auto lanzado a toda velocidad por una de las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires y que en su alocada carrera levantó por los aires a dos agentes de tránsito, provocando la muerte de una joven de 28 años y graves heridas en un joven de 30, aparece como un nuevo golpe de la cruel realidad de la inseguridad vial en el país.

El caso de Cinthia Choque, la joven agente de tránsito que resultó muerta y de su colega Santiago Sciliano, que se repone de las graves heridas recibidas, refleja, además, la peor de las caras de este flagelo social: la de la criminal desaprensión de un conductor que, tras atropellarlos, ni siquiera aminoró la marcha, sino que huyó para abandonar su vehículo a doce cuadras del lugar y decidió presentarse ante la Policía catorce horas después de haber perpetrado lo que por esta horas, para la Justicia, está catalogado como un homicidio simple.

Eugenio Veppo, el periodista de 31 años que conducía el vehículo enfrenta una posible pena de 25 años de prisión y permanece detenido en una sala médica del penal de Ezeiza a la espera de que se le otorgue una plaza definitiva en ese mismo instituto penitenciario.

La muerte de Choque, a su vez, pone otra vez en primera plana el flagelo de la inseguridad vial en el país, flagelo por otra parte, del que no es ajena ni la ciudad de La Plata y ni la Región.

En lo que va del año suman ya 42 las muertes registradas en las calle de La Plata en accidentes de tránsito.

La mayoría de las víctimas mortales son jóvenes que no superan los 25 años de edad y además, entre ellos, una importantísima porción estaba al mando o iba como acompañante en una motocicleta.

Aunque las 42 muertes contabilizadas hasta el último día de agosto están por debajo de la cantidad registrada en igual período del año anterior, nada indica que la situación se esté encaminando hacia una notoria mejoría.

Desde esta misma columna en infinidad de oportunidades se ha reiterado la vital importancia de abordar la problemática del tránsito como una cuestión de Estado.

Sólo en espasmódicas reacciones desde las autoridades nacionales, provinciales y municipales, aparecen con algunas campañas de educación vial que no tienen la profundidad ni la continuidad en el tiempo que requeriría la gravedad del problema a abordar. Las autoridades, en muchos de los casos, parecen más interesadas en el afan recaudatorio que en la concientización de automovilistas y peatones.

La tarea educativa, de hecho, parece quedar librada en la mayoría de los casos sólo a la buena voluntad de diversas organizaciones no gubernamentales.

Es propicia la oportunidad, por lo tanto, para una vez más reclamar de las autoridades el compromiso debido y de la Justicia, en el caso de Veppo, que caiga con todo el peso de la ley contra el responsable de tamaña barbaridad.