La relación, cada vez más tensa: el Gobierno rechazó una invitación del presidente de la Corte

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de aceptar los per saltum presentados por los magistrados desplazados a instancias del oficialismo tensó la relación entre el Gobierno nacional y los miembros del Máximo tribunal, en particular con su presidente, Carlos Rosenkrantz.

Y lejos de bajar el nivel de crispación, una reciente decisión del Poder Ejecutivo sirve como muestra que los ánimos siguen caldeados: la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, anunciaron que no participarán hoy de la Comisión Interpoderes que analiza el avance de las causas de lesa humanidad que fuera convocada por la Corte Suprema, en una carta dirigida a Rosenkrantz.

"La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte (ejercida por Rosenkrantz), tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista", sostiene en unos de sus párrafos más salientes la misiva difundida esta noche y que lleva la firma de ambos funcionarios.

"Nos dirigimos a usted respetuosamente para declinar su invitación a la próxima reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad ('Comisión Interpoderes')", se informó en el principio del texto.

En ese sentido, reafirmaron que a criterio de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional "no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado".

La Comisión Interpoderes, cuya creación se materializó tras la acordada de la Corte Suprema N° 42/08, es el ámbito en el que los tres poderes del Estado deben coordinar, de manera periódica, las acciones para llevar adelante el proceso de juzgamiento de los responsables de los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado.

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Desde que se reunió por primera vez en julio de 2010, y mientras mantuvo reuniones periódicas, al menos hasta 2013, la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia y el ministerio de Justicia "colaboraron activamente para articular las medidas que estuvieran a disposición del Poder Ejecutivo que permitieran agilizar la marcha de estos juicios", se puso de relieve en el texto.

"Sin embargo, a partir de la última reunión realizada (23 de septiembre de 2016) el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso", evaluaron.

En ese sentido, se agregó que "es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento", en medio de una situación que "se ve agravada por el contexto de la pandemia".

"Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas, muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años, implica necesariamente la consolidación de la 'impunidad biológica', por la cual los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación", se enfatizó.

Por eso los funcionarios reclamaron por parte de la Corte "una verdadera política de Estado" que no se puede basar "en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente", que incluya por parte del Alto Tribunal "medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos".