Se debe prevenir y no tolerar sublevaciones en las cárceles

Otra vez se registraron motines en diversas cárceles de la Provincia y volvieron a correr horas de protesta, de amenazas de huelgas, de enfrentamientos anárquicos entre presos y guardias con piedrazos, tomas de rehenes, bombas de estruendo, balas de goma y detenidos subidos a los techos, en una situación que derivó –según los informes- sólo en heridos de menor consideración, pero que tuvo posibilidades ciertas de llegar a desenlaces mucho más graves.

Las sublevaciones que se registraron días atrás en tres unidades carcelarias de Florencio Varela y en la de Melchor Romero, pero que se replicaron el fin de semana en las unidades 46 y 48 de San Martín, la Unidad 13 de Junín, las Unidades 21 y 41 de Campana y a la Unidad 40 de Lomas de Zamora, entre otras, concluyeron con el acuerdo alcanzado para que volvieran, con protocolos sanitarios, las visitas presenciales a los penales bonaerenses,

Tal como se informó, en las cárceles de San Martín tres mujeres y cinco hombres celadores fueron tomados de rehenes y liberados horas después. En algunos videos se vio que los desnudaron y maltrataron. Tanto en Florencio Varela como en San Martín concurrió un juez de garantías y un defensor público. Otras filmaciones realizadas con los celulares de los detenidos dejaron ver una escena en la que guardias dispararon con una escopeta, se supone que con postas de goma, hacia el interior de un calabozo.

Finalmente, las autoridades del gobierno provincial alcanzaron un acuerdo con los representantes de los presos para rehabilitar las visitas presenciales que fueron suspendidas para evitar contagios por el coronavirus. “El Servicio Penitenciario Bonaerense comunica que el sábado 14 de noviembre se habilitarán las visitas a la Unidades penitenciarias de la Provincia, dando estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria para la preservación de la salud pública”, informaron.

Sería muy largo enumerar la sucesión de revueltas carcelarias registrada en las últimas décadas, a partir de un sistema carcelario saturado, obsoleto y claramente ineficaz para resocializar a las personas detenidas. Esta última finalidad, por el contrario, no sólo no se alcanza sino que con toda razón se considera a las cárceles como escuelas del delito, con un índice de reincidencias que ponen en evidencia su fracaso funcional.

hay una cadena de conflictos e incidentes que se desatan a partir de deficiencias. Cárceles superpobladas, en las que debe resultar ciertamente ilusorio que las autoridades alcancen la posibilidad, siquiera, de prevenir y adelantarse así a la aparición de estas revueltas, cuyo riesgo de propagación a todas las cárceles y, en definitiva, a la sociedad en su conjunto, está siempre latente. Si ni siquiera se puede garantizar el dominio pleno de los pabellones, es decir de la contención, no habría alternativas serias, seguramente, para las tareas de resocialización.

Se sabe también que la falta de plazas hace que miles de detenidos se mantengan en forma indefinida en los calabozos de las comisarías, en una situación tan ilegal como impropia. La idea siempre demorada de descomprimir los destacamentos policiales –en donde también menudean motines cruentos, incendios trágicos, fugas harto peligrosas para los vecindarios, reyertas y otros incidentes- debiera verse plasmada cuanto antes. De esa manera, además, no se distraerían efectivos que debieran ocuparse en forma exclusiva de garantizar la seguridad de la población.

Es verdad que se trata de un tema complejo, pero está claro que la Provincia debe empezar por encararlo de una vez por todas, con planes y programas seguros que apunten a la existencia de cárceles modernas, con plazas suficientes, que sirvan para regenerar a quienes alguna vez transgredieron las leyes y que, de contar, con recursos formativos idóneos, podrían ser recuperados para una mejor vida social.