Aumento a jubilados: sin la inflación como variable y con topes, las principales críticas

Aplaudido por el oficialismo, rechazado por la oposición, el proyecto de movilidad jubilatoria que impulsó el Gobierno y que la Cámara de Diputados convirtió en ley plantea varios puntos conflictivos, entre ellos, la falta de una garantía frente a la inflación, al no contemplar el alza de precios ni como variable de cálculo ni como piso para las subas futuras, aseguran. Aumentos que desde 2021 se aplicarán con frecuencia trimestral -en marzo, junio, septiembre y diciembre-, según una fórmula que combinará la recaudación de la Anses con la evolución trimestral de los salarios.

En rigor, la propuesta -que el oficialismo presidido por Máximo Kirchner en alianza con legisladores provinciales (sobre todo de Córdoba) logró imponer por 132 votos contra 119 rechazos- vuelve a una fórmula similar a la que rigió en tiempos de Cristina Kirchner, en la que cuando el país crecía los haberes -atados a la recaudación y a la actividad económica- podían ganarle a la inflación. Creen que en un escenario recesivo como el actual, con un acelerado aumento de precios y sin piso inflacionario, ese horizonte parece poco probable y más bien podría anticipar una caída real en los haberes de unos 18 millones de personas.

Al no establecer un piso, critican en la oposición, no hay garantías para mantener el poder de compra. Por eso defienden la movilidad impulsada por Mauricio Macri, que tenía en cuenta a la inflación, aunque con un semestre de atraso. Por caso, el año pasado el costo de vida cerró cerca del 54 por ciento y a los jubilados nacionales les tocaba recuperar unos 20 puntos de pérdida. Pero Alberto Fernández suspendió por decreto la anterior fórmula, decretando también subas en línea con la inflación actual -que cerrará en torno al 36 por ciento-. Es decir, los jubilados que cobran la mínima podrían empatarle al costo de vida de 2020, pero sin recomponer la merma heredada y los que cobran más que el básico volverían a perder, como en 2018 y 2019.

Según estiman en la oposición, de seguir vigente la fórmula macrista -aprobada a fines de 2017 en medio de violentos incidentes-, los aumentos de este año hubieran superado el 40 por ciento, por encima de los ajustes de entre el 24,3 por ciento y 35,3 por ciento -dependiendo del nivel de ingresos- que decretó Fernández.

Con las urgencias de la pandemia y en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el quite de la movilidad anterior representaría para el Ejecutivo un ahorro fiscal en torno a los 100.000 millones de pesos, lo que para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, implica un “fenomenal ajuste” que no soluciona “el problema de base, que es que 4,5 millones de jubilados (de la Anses) cobran 19.000 pesos, lo mismo que cobraban hace un año”.

Con la flamante ley se replicará entonces la fórmula kirchnerista que Macri sustituyó, entre otras cuestiones, por las dificultades que en épocas de crecimiento representaría atar las actualizaciones jubilatorias a la recaudación. Es que un 60 por ciento del presupuesto nacional está comprometido en pensiones y jubilaciones, mientras persiste un irresuelto problema estructural de fondo: hay un 40 por ciento de trabajadores informales que no aportan a la Anses.

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Como se dijo, el nuevo cálculo tomará dos componentes: junto al 50 por ciento de la variación en la recaudación tributaria, integrará un 50 por ciento del aumento trimestral de los salarios, considerando un indicador del Indec y otro de la Secretaría de Seguridad Social para tomar el que resulte con una variación más alta.

No se establece un piso para los incrementos que, en cambio, prevén un techo, vinculado a los recursos de la Anses. Pues, al determinar el aumento de diciembre se usará el mismo cálculo que para los meses previos, pero evitando que la suba del año supere en un 3 por ciento a la variación que en 12 meses haya tenido la recaudación por beneficio de todos los recursos destinados a la seguridad social.