El bono no tuvo formato de bono y la discusión de 2019 quedó para más adelante

José Luis Picón

jpicon@eldia.com

Los estatales pretendían que el gobierno de Axel Kicillof se aviniera a discutir la pérdida salarial del año pasado. Las primeras ofertas oficiales atendían, a medias, esa demanda. Sin embargo, la última propuesta que la administración bonaerense terminará liquidando aún sin acuerdo de los sindicatos, no contempla aquél reclamo.

Es ése uno de los datos salientes del primer round de la negociación que la Provincia ensayó con los gremios de la ley 10.430. Se aguarda que en marzo exista una nueva convocatoria porque la paritaria, sin acuerdo, quedó abierta. Tanto las representaciones estatal como la sindical afirmaban ayer que los pagos que se terminarán liquidando con los sueldos de este mes y del próximo son a cuenta de la negociación 2020. Queda pendiente la discusión anterior, esto es, la forma en que el gobierno atenderá aquél deterioro cercano al 30 por ciento -que por otra parte reconoce- producto de que este sector de la administración junto a los médicos y los judiciales no tuvieron el beneficio de la cláusula salarial de ajuste automático por inflación de la que dispusieron los docentes durante el último año del gobierno de María Eugenia Vidal.

El otro aspecto saliente de la propuesta oficial es que el promocionado bono no tuvo formato de bono. Los 4 mil pesos que había dispuesto pagar la Nación, en la Provincia tendrá otros alcances.

La cifra es la misma; su incidencia, distinta.

En primer lugar, se trata de una suma remunerativa. Y si bien sufrirá los descuentos de ley y por lo tanto el impacto en el bolsillo será menor, tendrá un alcance mucho más abarcativo.

El gobierno nacional resolvió que esa suma a cuenta de la paritaria 2020 sólo alcanzara a los salarios brutos de hasta 60 mil pesos, esto es, unos 48 mil pesos de bolsillo. En el caso de la Provincia no habrá tope. Así, el adelanto será cobrado por empleados con sueldos superiores a este techo que había dispuesto la Casa Rosada.

El límite impuesto por la administración de Kicillof es mucho más elevado. Establece que el adelanto no será percibido por el “personal jerarquizado superior”, esto es, el propio Gobernador, ministros, secretario y directores.

Esa exclusión genera algunas resistencias sindicales. Ocurre que existen directores “de carrera”, esto es, que no desempeñan cargos políticos. Y por lo tanto, no percibirán los 4 mil pesos.

La otra cuestión es que se trata de dos sumas que no desaparecerán. Es decir, seguirán siendo percibidas por los trabajadores. En este punto, los gremios pretenden que sean paulatinamente incorporadas a los básicos, de forma tal que repercutan en la bonificación por antigüedad y en los regímenes horarios. Será uno de los temas de debate en la reanudación de la paritaria.

Más allá de las diferencias en la aplicación del adelanto salarial en relación a lo que se dispuso a nivel nacional, Kicillof no se salió de la lógica de fondo trazada por la Casa Rosada: procurar que el impacto de la mejora sea mayor entre los sectores que menos ganan. Es la misma línea que utilizó el gobierno nacional con el último aumento para los jubilados.

En el caso de los estatales, el pago de los 4 mil pesos tendrá una incidencia porcentual mayor sobre los agentes con régimen horario de 30 horas. En especial, administrativos, porteros de escuelas y trabajadores de la Salud.

En cambio, su incidencia será sustancialmente menor en los salarios de aquellos trabajadores con régimen de 48 horas semanales como los trabajadores de Economía y ARBA. También, sobre los agentes de los Organismos de Control que perciben sueldos por encima de la media. Por eso, también, la disímil reacción de los gremios frente a la decisión oficial que importa un achatamiento de la pirámide salarial.