La definición de “presos políticos” recalienta la interna en el oficialismo

En medio de una fuerte interna dentro del gobierno sobre si hay o no presos políticos en Argentina, el canciller Felipe Solá respaldó ayer la posición del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y refutó a la ministra de Género Elizabeth Gómez Alcorta: “No diría que hay presos políticos”.

La polémica comenzó cuando Cafiero expresó en la radio que “en Argentina no hay presos políticos”. El jefe de Gabinete consideró que hay gente detenida “injustamente” pero que para eso, debía actuar la Justicia.

Un día después, el viernes, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que fue abogada defensora de Milagro Sala, la dirigente piquetera jujeña que permanece bajo arresto domiciliario desde hace un año, lo contradijo: “No tengo dudas que es una presa política”.

Ayer, Solá salió a respaldar al jefe del Gabinete luego de que trascendiera que el presidente Alberto Fernández “estaba muy disgustado con las declaraciones de la ministra” según reconoció a El Día una destacada fuente de la Casa Rosada.

“No diría que hay presos políticos. Hay presos que la justicia podría no tener presos pero es una decisión del Poder Judicial, un poder independiente del Ejecutivo. Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico, y que están ligadas a figuras que tienen relieve político, lo cual no quiere decir que haya presos políticos. Porque preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable, que no esté libre, con un objetivo muy concreto: sacarlo del juego. Me parece que lo que hay es gente que podría estar en su casa y no lo está por su relevancia”, manifestó ayer el Canciller en radio Mitre.

Horas después, el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido-quien tiene arresto domiciliaria- salió a cruzarlo a Solá a través de su cuenta de Twitter. “Cafierismo tardío!!!! Señor Secretario de Agricultura de Menem, te recuerdo, querido Felipe, que vos eras gobernador de Buenos Aires cuando la bonaerense mató a Kosteki y Santillán, crimen que está impune políticamente”, expresó el exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner.

Se sumó stornelli a la polémica

El fiscal federal Carlos Stornelli se sumó a la polémica al considerar que sostener que en Argentina hay presos políticos “es una ofensa” para quienes estuvieron detenidos ilegalmente durante la última dictadura.

Después de enfatizar que “no hay” presos políticos, insistió que “es una ofensa y una falta de respeto a quienes fueron presos políticos de verdad durante la dictadura”.

“Tengo queridos amigos que han sufrido no solo la detención política y también la tortura, y todas las personas que fueron víctimas de eso deben estar enojadas cuando se dice cualquier cosa o se iguala cualquier cosa a cualquier cosa”, lanzó Stornelli en radio Mitre

El fiscal está a cargo de muchas de las investigaciones más importantes sobre hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

lOS “PRESOS pOLÍTICOS” PARA EL KIRCHNERISMO

El Gobierno está por cumplir solo dos meses de gestión y contabiliza al menos tres episodios visibles de una pulseada en torno de lo que el kirchnerismo duro y sus aliados definen como “presos políticos”. Es una expresión de la ofensiva más amplia contra los juicios por corrupción y no sólo un debate sobre detenciones.

En la lista figuran Milagro Sala, Amado Boudou, Julio De Vido, Luis D’ Elía. Y también se autodefine en esa calificación Ricardo Jaime.

El primer lugar de la categoría “preso político” lo representa la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida el 16 de enero de 2016, después de 32 días de acampe frente en el centro Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales.

La detención de la dirigente piquetera le generó un grave problema al gobierno de Macri al punto de recibir el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Otro caso emblemático es el del ex vicepresidente Amado Boudou, que en agosto de 2018 fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.