El Gobierno se despega de la polémica por los presos y apunta a la Justicia

En medio de la controversia pública que se generó por la liberación de presos, que fue repudiada por un cacerolazo que se hizo sentir en la Provincia, el Gobierno del presidente Alberto Fernández intentó dar claras señales políticas para despegarse de las sospechas de que haya promovido las prisiones domiciliarias, en conjunto con sectores judiciales, a raíz del peligro de contagio del virus COVID-19 en las cárceles.

El epicentro de la réplica oficial fue el Ministerio de Justicia. La titular de la cartera, Marcela Losardo, dijo que el Gobierno debe “atender y entender” manifestaciones como la del cacerolazo del jueves por la noche. Mientras que el segundo del área, Juan Martín Mena, se ausentó de la mesa de diálogo que se instaló en el penal de Devoto tras el impactante motín de la semana pasada.

El cambio de actitud de los funcionarios tuvo un antecedente directo en la declaración conjunta que hicieron el miércoles pasado el presidente Fernández y el gobernador Axel Kicillof, quienes aseguraron que no habrá indultos ni conmutaciones de penas y direccionaron las críticas hacia el Poder Judicial, con el argumento de que son los jueces los que deciden las liberaciones.

En ese contexto político, el cacerolazo se escuchó con fuerza en el centro de La Plata y en ciudades importante del interior provincial, como Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil. Para asombro del oficialismo, la protesta también se hizo escuchar en algunos distritos del Conurbano. En algunos lugares del país, policías y bomberos encendieron las sirenas de los patrulleros y autobombas.

“Me parece una manifestación de la ciudadanía que hay que tener en cuenta, porque toda manifestación y todo cacerolazo hay que saber entenderlo y atenderlo porque para eso estamos, para eso uno es parte de un Gobierno”, afirmó la ministra Losardo en declaraciones al canal TN. Aunque advirtió: “Es injusto que hagan cargo al Ejecutivo de cosas con la que no tiene que ver”.

El segundo de Losardo, el secretario de Justicia Mena, no se presentó por su parte a la mesa de diálogo que se tendió en la cárcel de Devoto. El funcionario, mano derecha de Oscar Parrilli en la ex SIDE en el último tramo de la segunda Presidencia de Cristina Kirchner, había hecho gestiones para desactivar el motín, cuyas imágenes con los presos en los techos fueron impactantes.

Ahora, los presos y sus representantes aguardan la presencia de Mena el próximo 6 de mayo, cuando se hará la próxima reunión de la mesa de diálogo. De ese encuentro tomará parte Claudia Cesaroni, quien hasta ayer se desempeñaba como directora general de Prevención del Delito y la Violencia de la Municipalidad de Quilmes y fue desplazada por la intendenta Mayra Mendoza.

“Presentó la renuncia, nosotros la aceptamos, punto final”, aseguró anoche a EL DIA un vocero de la gestión municipal, luego de que se conociera que Cesaroni se desempeñaba en forma simultánea en el área de Seguridad de Quilmes y representaba a los presos de Devoto, en el marco de su “militancia en la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad”.

En otra región del Conurbano, los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gustavo Menéndez (Merlo) se reunieron con funcionarios de la Asociación de Magistrados de Morón para pedir información sobre los casos de detenidos que hayan recibido prisiones domiciliarias. “Los vecinos están muy preocupados”, dijo uno de ellos.

Por afuera del oficialismo, otro intendente del oeste del Gran Buenos Aires, Jaime Méndez (San Miguel), había alertado que una veintena de presos volvieron a su distrito luego de haber sido beneficiados con la prisión domiciliaria. “Hay fragilidad en los controles”, advirtió el jefe comunal, que se alinea con Joaquín de la Torre, ex ministro de la Gobernación de María Eugenia Vidal.

También en el oeste del Conurbano tres jueces del tribunal federal 5 de San Martín, María Morgese, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, fueron denunciados por “mal desempeño” ante el Consejo de la Magistratura nacional por haber otorgado prisión domiciliaria a un condenado por violación argumentando la necesidad de evitar un colapso sanitario en las cárceles.