La Corte bonaerense suspendió el fallo que habilitó la liberación de cientos de presos

Fue una decisión ejecutada en tiempo récord. La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió ayer suspender el hábeas corpus colectivo que habilitaba las excarcelaciones de presos con riesgo sanitario, al admitir el recurso de queja presentado el lunes por el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Carlos Altuve.

Altuve, cuya apelación fue rechazada en Casación, llegó hasta el máximo tribunal por considerar “de una extrema gravedad institucional” el fallo del juez platense de Casación, Víctor Violini, que habilitó la salida de presos que hubieran cometido delitos leves y pasibles de contraer coronavirus (por patología o edad). Pero que en la práctica también abrió la puerta a violadores, asesinos y narcos.

Al declarar “procedente” la queja presentada por el fiscal, la Corte resolvió “suspender los efectos” del fallo de Violini. Esto quiere decir que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, no se podrán otorgar excarcelaciones o domiciliarias que tengan como base el hábeas corpus colectivo al que se dio lugar el 8 de abril pasado.

¿Qué pasará con las libertades ya otorgadas? El tribunal supremo de la Provincia no se expidió sobre este punto, puesto que el recurso de Altuve cuestiona la legitimidad del fallo de Violini sin reclamar la nulidad de lo ya actuado. La suspensión provisional, entonces, solo se aplicará para los pedidos pendientes de ejecución.

“Lo que hace esa medida es suspender lo que está en trámite, pero lo que ya está dispuesto sigue vigente hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión”, confirmó ayer Altuve, quien se mostró conforme con la decisión de la Corte y a la espera de que a partir de la sentencia de fondo “se puedan rever algunos de los beneficios otorgados”.

“Evidentemente si la Corte ha tomado esta decisión es que va a entrar a tratar el fondo de la cuestión, que es lo que realmente interesa no solamente al Ministerio Público Fiscal sino a toda la comunidad”, confió el fiscal.

La cuestión de fondo

La cuestión de fondo es desentrañar si las excarcelaciones masivas estuvieron bien o mal concedidas. Se espera que la Corte falle al respecto en los próximos días, con una resolución que buscará ser “ordenadora” tanto de la situación actual como de las que se presenten de aquí en mas. Para que los magistrados cuenten con una suerte de “guía unificadora” para actuar ante las excarcelaciones o prisiones domiciliarias de detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario.

Pero, antes de resolver sobre el fondo de la cuestión, los jueces de la Corte, Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres quieren escuchar las opiniones del procurador general, Julio Conte Grand, el jefe de los fiscales, y al Defensor de Casación, Mario Luis Coriolano, quien representa a los 19 defensores generales que promovieron el hábeas corpus de la polémica.

El plazo para que esos funcionarios remitan su opinión al tribunal superior era de 24 horas, contando desde la mañana de ayer. Dado el impacto social que alcanzó el tema, con un escándalo que se tradujo en sendos cacerolazos, en ámbitos judiciales arriesgaban ayer que la Corte resolverá “en tiempo récord”.

En caso de revocarse el hábeas corpus colectivo, los detenidos beneficiados por esa decisión deberían volver a prisión. Pero no sería automática, antes cada fiscal debería pedir las detenciones ante el juez de Garantías o de Ejecución Penal que haya dispuso la libertad.

Si se mantiene el fallo de Casación, todo continuará igual.

Libertades individuales

En tanto que el principio regulador de la Corte para el futuro es que se otorguen solo libertades individuales -no colectivas, como habilitó Casación- para condenados con problemas de salud y que no purguen por delitos graves. Es decir, la edad avanzada del recluso no sería un atajo para obtener el beneficio.

Según datos oficiales, hoy unos 2.300 presos pueden ser considerados población de riesgo. Mientras que, de acuerdo a datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, durante el primer mes de la cuarentena 2200 privados de la libertad “egresaron por disposición judicial de las cárceles” provinciales: 1601 “por cumplimiento de condena, libertad condicional o libertad asistida”, y 599 recibieron arrestos domiciliarios motivados por el riesgo de contraer COVID-19. Entre ellos, unos 80 salieron por violaciones y homicidios. Algunos sin poder probar el riesgo sanitario que los afectaba, lo que motivó, incluso, los pedidos de juicio político para al menos tres magistrados bonaerenses.

Todo a partir de un dictamen que bajó desde la Cámara de Casación y con la firma de un solo juez: la de Violini. Decisión que, en otra clara señal de la Corte para ponerle un freno al cuestionado hábeas corpus, ya no será una posibilidad: desde ahora, las liberaciones otorgadas en la Provincia deberán llevar la firma de al menos dos jueces. Ya no habrá lugar para fallos unipersonales.