El canje, sin definición y el Gobierno extiende el diálogo con los bonistas

Tras una semana con infinidad de rumores y declaraciones cruzadas, ayer venció el plazo establecido para que los acreedores den una respuesta a la primera oferta de reestructuración de la deuda pública externa, aunque el Gobierno seguirá negociando para tratar de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

A las 18 de ayer caducó el “deadline” para la primera propuesta realizada por el equipo económico para canjear U$S66.000 millones, que incluye un plazo de gracia de 3 años, una quita de intereses del 62 por ciento y una reducción del 5,4 por ciento en el capital.

Se espera una comunicación oficial, en las próximas horas, sin porcentajes, que tal vez se den a conocer durante el fin de semana, al tiempo que la única cifra que trascendió es que ingresó el 70 por ciento de los tenedores de deuda en la Argentina a través de La Caja de Valores, equivalente a unos U$S5.000 millones de dólares, menos del 10 por ciento de la deuda elegible. Resta saber qué porcentaje se agregó en el exterior, aunque los analistas afirmaron que posiblemente hayan ingresado los argentinos que tenían sus títulos registrados fuera del país, por una suma similar a la que adhirió en territorio local, según Infobae.

El ministro Martín Guzmán declaró más temprano que espera la aceptación de una oferta que busca “restablecer la sostenibilidad de la deuda, volver a poner al país de pie y establecer una relación duradera con los acreedores”.

Sin embargo, a comienzos de esta semana los principales grupos de bonistas, que concentran cerca del 50 por ciento de los títulos, se agruparon para rechazar la intención oficial, lo cual despierta dudas respecto a la posibilidad de una elevada adhesión al canje (ver aparte).

En respuesta, el Gobierno argentino emitió un comunicado en el cual mostró su “decepción” por esta postura aunque llamó a los acreedores a presentar su propia propuesta siempre y cuando “pasen la prueba de sentido común” teniendo en cuenta el contexto de pandemia y las elevadas necesidades de financiamiento que tiene Argentina para afrontar sus gastos.

En una conferencia realizada el miércoles pasado para la Universidad de Columbia, Guzmán reafirmó la flexibilidad que tiene Argentina para escuchar retoques a la oferta inicial que sean compatibles con las aspiraciones del Poder Ejecutivo.

NO HUBO CONTRAOFERTA

Fuentes desde el lado de los acreedores afirmaron que la disposición a negociar del gobierno hizo que no se apresuraran a hacer una contraoferta antes de este vencimiento.

Ha trascendido que el Gobierno decidirá que su oferta continúe abierta hasta fines de mayo, por lo que no sería retirada de la Security and Exchange Commission (la comisión de valores de los Estados Unidos) manteniendo así las conversaciones con los acreedores.

Por lo tanto, se estima que no habrá cambios sustanciales en las próximas horas en cuanto a la oferta ante la SEC sino que se mantendrá la propuesta original hasta que se llegue a un acuerdo final.

Los más proclives a un acuerdo son los tenedores de títulos públicos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri con vencimiento en 2030 mientras que los más reacios a cualquier acuerdo son los poseedores de deuda emitida en el canje de 2005 para salir del default durante el gobierno de Néstor Kirchner, aseguraban fuentes del mercado financiero, según Ámbito.

Entre las modificaciones que plantean los bonistas están: la evaluación de un pago extra sobre el crecimiento argentino desde 2023 (estilo cupón PBI), dejar de lado 100 por ciento la quita de capital, el reconocimiento de algún tipo de interés durante el período de gracia hasta el 2023, algún tipo de resarcimiento para el Bono Global cuyo vencimiento comenzó a correr desde el 22 de abril y un primer pago simbólico de cupón en 2022 o a comienzos de 2023.

Por su parte, la directora gerente del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, dijo ayer que “todavía hay tiempo” para las negociaciones entre la Argentina y sus acreedores, casi al mismo tiempo que vencía el plazo que el Gobierno le otorgó a los bonistas para responder sobre el canje de la deuda propuesto por Argentina.