Investigan a un empresario platense y a una supuesta red de explotación sexual

La causa se abrió hace varios meses. Se cree que el negocio funcionaría en propiedades que un martillero ofrece para alquiler o venta. En un registro del viernes dos policías fueron atacados: a uno le quebraron una mano

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Allanamientos, dos oficiales heridos y una investigación de meses -todavía en proceso- que lleva adelante la división local de la Policía Federal Argentina (PFA), son algunos de los componentes que se desprenden de una causa sobre trata de personas y explotación sexual, que las autoridades vinculan a una presunta red “muy grande” que operaría en La Plata y alrededores. El viernes, la Delegación de la PFA, con ayuda de agentes de Lomas de Zamora y Avellaneda, realizó siete operativos en cuatro barrios del casco urbano y la periferia. Una de las propiedades pertenece a un empresario platense del rubro inmobiliario, con la sospecha de que diversas viviendas manejadas por el martillero se utilizarían “para mover chicas y trans”.

La hipótesis, revelada por una fuente que trabaja en el caso, es que “en el marco de la cuarentena sacaban a las trabajadoras sexuales de la calle, las ubicaban en departamentos que pertenecerían a la inmobiliaria y ahora se investiga si hay una organización que se dedica a la explotación sexual”. En tanto, un vocero judicial confirmó que las unidades “se usaban como puticlubs” y creen que a las inquilinas “se les cobraba para que puedan trabajar”, aunque “de manera compulsiva y a un precio desmedido”.

Como se dijo, los procedimientos de esta semana forman parte de una compleja trama que comenzó a ser investigada a fondo entre marzo y abril. En el cuarto mes del año se hizo un allanamiento en una casa de citas de 12 entre 34 y 35 que arrojó resultado positivo y permitió recabar pistas importantes para continuar la pesquisa. En esa ocasión rescataron a tres mujeres jóvenes, mayores de edad y se secuestraron preservativos, juguetes sexuales, gel íntimo, teléfonos celulares, agendas, ropa femenina y 30 gramos de marihuana. Los datos conseguidos llevaron a los agentes de la Federal a dos nuevas locaciones, emplazadas en 43 entre 15 y 16, y en diagonal 74 entre 20 y 61. En particular, buscaban a un presunto facilitador cuya actividad consistía en “llevarles elementos, cobrarles, entre otras cosas”, revelaron.

Una nota: el inmueble de calle 12 ya había recibido la visita de la Policía en mayo de 2019. (ver recuadro)

La búsqueda saltó entonces a dos nuevos sectores (en las mencionadas cuadras de 43 entre 15 y 16 y diagonal 74 entre 20) que permitieron la liberación de nueve víctimas de trata, aunque según manifestaron “no se determinó que estuviesen privadas de su libertad”. Además, se incautaron de siete teléfonos celulares, un vehículo no especificado, 24.750 pesos en efectivo, preservativos, consoladores y demás elementos de interés para la causa.

En tanto, el supuesto recolector llegó en medio del operativo en diagonal 74. Lo identificaron y detuvieron. En su poder tenía un “anotador” con información valiosa, se informó entonces.

El trabajo de campo se amplió con las novedades conseguidas y las direcciones escritas en el bloc de notas. En el transcurso de esta semana, la PFA montó procedimientos en 62 y 15; 26 entre 41 y 42; 67 entre 2 y 3; 67 entre 21 y 22, y en 32 bis entre 136 y 137. Fue en este último domicilio donde tuvieron problemas con un grupo de trans ecuatorianas que “se pusieron muy violentas y atacaron al personal”, describieron las fuentes.

Durante la arremetida, uno de los oficiales de Lomas de Zamora terminó con una fractura en una mano. “No les abrían la puerta, estuvieron haciendo tiempo durante unos 20 minutos y suponemos que lo hicieron para descartar estupefacientes”, añadió el portavoz, sin pasar por alto que “días antes se los había investigado por sospechas de COVID-19”.

En la propiedad no se hallaron drogas, pero se secuestraron prendas íntimas, dinero en efectivo, celulares, elementos y documentación relacionados a la causa, en la que intervienen los juzgados federales de La Plata N° 1 y N° 3, además de la UFI N° 15 a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. Según pudo saber este medio, la pesquisa -que sigue abierta- germinó por medio de una serie de denuncias anónimas a la línea 145.

Participaron en los registros psicólogas que trabajan en rescates de trata y personal del SAME

 

 

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