Reactivan un consejo de víctimas en la Provincia

El gobierno provincial reactivó ayer el Consejo de Víctimas, conformado por bonaerenses que sufrieron delitos violentos, con la idea de intervenir en el debate abierto en la Legislatura en torno a los proyectos de Ley de Víctimas que vienen empujando desde Juntos por el Cambio.

El Consejo Provincial de Víctimas es un organismo que había quedado inactivo en los últimos años y que ahora fue relanzado por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, que ayer recibió a sus integrantes junto a funcionarios de su cartera, como el subsecretario de Justicia Inti Pérez Aznar y el subsecretario de Política Criminal Lisandro Pellegrini.

“El Consejo manifestó la necesidad y la importancia de participar en el debate sobre los alcances y características de una ley de víctimas para la Provincia”, escribió después de la reunión el ministro Alak en su cuenta de Twitter.

La decisión de reactivar el Consejo por parte de Alak se produce luego de que en la Legislatura quedara virtualmente congelado el debate por un proyecto de “Ley de Víctimas” que impulsaba la oposición, con la firma de la diputada platense Carolina Píparo.

Se trata de una reforma que en Nación se sancionó hace tres años, que permite a quienes hayan sufrido un delito o a sus familiares tener mayor participación en los procesos penales. Una modificación del Código Procesal y de Ejecución para que, por ejemplo, las víctimas sean consultadas ante la posibilidad de que se otorgue una excarcelación a los condenados por esos delitos.

La idea de que Buenos Aires tenía que adherir a esa ley había cobrado fuerza hace algunas semanas, cuando estalló la polémica por el hábeas corpus que autorizó las salidas con prisión domiciliaria de presos por la amenaza del coronavirus en las superpobladas cárceles de la Provincia. En ese marco, la Suprema Corte emitió una resolución en la que pidió a la Legislatura que avance en la sanción de una ley que adhiera a aquella ley nacional.

Cuando todo parecía encaminado a que ese proyecto se trate en el recinto de Diputados en la última sesión de hace dos semanas, a último momento fue retirada del orden del día. Según trascendió, fue a partir de la intervención del Ejecutivo, en donde consideran que una reforma de esa naturaleza requiere de más debate. Y no puede votarse sin antes abrir una discusión donde la postura del gobierno de Kicillof esté contemplada y contenida.

“Es una reforma que impacta en el Código Procesal y de Ejecución. No puede votarse de un día para el otro. Hay que escuchar a todas las voces”, dicen cerca del Ejecutivo.

Ahora, el gobierno propondría crear una comisión para que delibere un emita un dictamen antes de llevar un proyecto al recinto.