Nuevo revés judicial para el país por la expropiación de YPF

En un nuevo revés judicial contra la Argentina en el exterior, la jueza neoyorquina Loretta Preska desestimó el pedido para que el juicio por el caso YPF continúe en tribunales locales y ahora seguirá en el Distrito Sur de Nueva York.

Es un distrito históricamente contrario a los intereses de la Argentina, que ya emitió dos fallos adversos en relación a este diferendo. Cabe recordar que es la misma Corte que supo comandar el ya fallecido juez Thomas Griesa. Ahora, esta jueza se hizo cargo del tribunal que tendrá que dirimir la deuda externa argentina, si no hay arreglo con los bonistas.

Con esa decisión, la causa continuará en los Estados Unidos y la Argentina aumenta su riesgo de enfrentar un pago multimillonario, que en un principio se calculaba en U$S3.000 millones, pero otras estimaciones -de las partes- alcanzan un rango más elevado que en el peor de los casos podría tocar los U$S 10.000 millones.

Los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park Capital, que le compraron al Grupo Petersen los derechos de litigio contra la Argentina, podrán con la decisión de Preska seguir avanzando en la justicia estadounidense con su multimillonario reclamo contra el gobierno argentino y la compañía petrolera por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, que pertenecían a la firma española Repsol.

Los abogados del Estado argentino y de YPF apelaron a la doctrina del forum non conveniens: le reconocieron la competencia a Preska, pero señalaron que otro magistrado, argentino en este caso, podría hacer mejor el trabajo.

En tanto, YPF aseguró que “interpondrá todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses”, tras conocerse el fallo de la justicia de Nueva York.

“La Sociedad se encuentra analizando la mencionada resolución e interpondrá todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses de acuerdo con el procedimiento legal aplicable”, afirmó la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores.

El origen del problema fue no haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) por el 49 por ciento no expropiado en el momento de la nacionalización de la compañía, tal como marca la legislación en todo el mundo.