Piden el desafuero de un fiscal acusado de armar causas junto a policías

Nueve policías de la provincia, dos secretarios judiciales y otra persona fueron detenidos ayer y un fiscal quedó imputado y con un pedido de desafuero para ser arrestado, en el marco de una investigación por el armado de causas vinculadas al “narcotráfico y asociación ilícita”, en la que se allanó una fiscalía de San Isidro y la sede de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense en ese partido del conurbano.

La jueza federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó 34 allanamientos en los que se secuestraron armas, drogas, dinero en efectivo, documentación, teléfonos celulares y hasta tres picanas eléctricas. El fiscal imputado es Claudio Scapolán, actual titular del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, por presunto armado de causas junto a policías cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en diciembre de 2016. La investigación arrancó justamente ese año con la intervención del Fiscal Federal 2 de ese distrito, Rodolfo Fernando Domínguez. Detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) concurrieron ayer a la fiscalía allanada, (ahora rebautizada como de Drogas Ilícitas), en el segundo piso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340, donde secuestraron computadoras y documentación.

Por tener fueros, Scapolán no pudo ser detenido, pero la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez ya pidieron su desafuero y en los próximos días fijaran fecha para su indagatoria. Los dos secretarios que en esa época trabajaban en esa UFI, Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, en cambio sí fueron detenidos.

También fue allanada con el mismo objetivo la Delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la policía bonaerense, en avenida Del Libertador 14243, de Martínez.

En total fueron detenidos nueve policías: los comisarios Marcelo Di Rosa y Roberto Adrián Okurzaty; los subcomisarios Oscar Antonio Caviglia y Juan José Magraner; los oficiales principales Juan Alberto Elizalde y Juana Elizabeth Medina; el subteniente primero José María Delgado; el sargento Santiago Ignacio Cabre; y el ayudante Alexis Jesús Tabares.

También un civil, identificado como Cristian Sebastián Seu.

Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial adelantó que todos los policías ya fueron puestos en disponibilidad preventiva. La comisaría 4ta. de Tigre, con sede en Benavídez, fue otro de los objetivos allanados: fueron a buscar los libros de guardia y los registros de visitas vinculados a un preso que estuvo allí en 2015, detenido en una causa impulsada por Drogas Ilícitas de San Isidro. Y allanaron, además, estudios jurídicos de dos abogados que también son investigados y están prófugos.

Uno de ellos es un penalista de larga trayectoria que actuó como defensor en varios casos resonantes, y el otro es pariente de dos jueces de renombre en San Isidro.

Al menos dos son las causas por narcotráfico iniciadas por Scapolán en las que se detectaron irregularidades, quedaron nulas y motivaron la investigación federal. Una de ellas, según las fuentes, es de 2015, en la que un detenido denunció que el propio fiscal y policías de Drogas Ilícitas le “plantaron” un kilo de cocaína en el baúl de su auto, le exigieron 20.000 dólares a su mujer y le “armaron” una causa.

Scapolán tenía además un proceso de jury abierto desde 2016 por otras irregularidades, a partir de una denuncia de ex diputada nacional Elisa Carrió, en la que un abogado platense, Juan Losinno, fue propuesto como testigo ya que había denunciado a este fiscal por archivar una grave denuncia por el presunto cobro de coimas a policías con causas penales para lograr el ascenso.

Claudio Scapolán tenía un jury abierto desde 2016 por una denuncia de la ex diputada Elisa Carrió