La puesta en marcha en estos días de una eventual reforma judicial en la Argentina contrasta con el crítico contexto de un país que se encuentra desafiado no sólo por la pandemia que origina justificados temores, sino por necesidades primarias y apremiantes, tales como las alimenticias, sanitarias o laborales de la población, de modo que no parece ser esta una época oportuna como para distraer esfuerzos en cuestiones que, confrontadas con el actual estado de emergencia, pueden tratarse una vez que se resuelven los problemas básicos.

Se han conocido también en estas horas cuestionamientos a la integración de la comisión de asesores de la reforma, por entenderse que ella cuenta con una mayoría de personalidades ligadas al oficialismo y que, por consiguiente, carecería de la pluralidad necesaria.

Si se toma en cuenta que lo que se quiere proyectar es nada menos que una reforma importante del Poder Judicial, que puede tocar instituciones y temas de enorme gravitación institucional como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el fuero federal, entre otros, la integración de ese cuerpo de asesores debió haber sido indiscutible, surgida de un amplio consenso social y político, sin abrir puertas a ninguna duda acerca de que no fue conformada con un motivo determinado.

Se sabe que la administración de Justicia sufre de muchas deficiencias, como la falta de celeridad en los procesos y los errores que suelen cometerse en distintas instancias de los juicios. Sin embargo, debiera ponerse el acento, prioritariamente, en los gravísimos problemas de infraestructura edilicia que sufren las administraciones de justicia, sea la nacional como las provinciales. Se sabe que faltan edificios, que no cuenta con recursos ni salones suficientes para los juicios orales o para las audiencias laborales.

A nadie escapa la disfuncionalidad que caracteriza a varios fueros, que se encuentran en crisis total. Antes que los problemas que pueda padecer el cuestionado fuero penal económico, puede hablarse, por ejemplo, del fuero de familia, hoy completamente desbordado, con reclamos de mujeres maltratadas que se acumulan en los mostradores, con padres privados por mucho tiempo de poder ver a sus hijos por las demoras procesales existentes. Ni hablar de lo que ocurre con los desalojos, las usurpaciones o los expedientes de quiebras, demorados muchos de ellos hasta llegarse a los límites -o transponerlos- de la denegación de justicia.

En cuanto a la ampliación de la Corte, sin aludir aquí a los gastos que podría insumir acrecentar el número de jueces -algunos proponen elevarlo de los 5 actuales a 20- debiera realizarse un análisis a fondo de aquellos ejemplos en los que varios países cuentan con tribunales superiores conformados por numerosos miembros y extraer conclusiones acerca de las experiencias que tienen sobre ese particular. Aparentemente, el resultado en la mayoría de los casos no ha sido bueno.

Lo que enseña la historia judicial de la Argentina es que la ampliación del número de integrantes del tribunal superior, propiciada y lograda por algunas administraciones, se convirtió en un mecanismo para lograr Cortes adictas.

Correspondería ahora retomar brevemente el tema de la integración de la comisión de asesores. La presencia del abogado de la Vicepresidenta, el doctor Carlos Beraldi, genera suspicacias sin desmedro de su capacidad profesional que no ha sido puesta en discusión.

No se niega aquí la necesidad de que se produzcan reformas en la Justicia. Es más, desde esta columna se las ha propiciado, como punto de partida para introducir diversas mejoras en áreas esenciales como son la justicia penal o la electoral. Ocurre que, en esta dramática emergencia que atraviesa el país, esas cuestiones pueden diferirse. Al mismo tiempo, en un tema de semejante envergadura, relacionado nada menos que a la independencia del Poder Judicial, no debiera haber lugar para suspicacias u omisiones de ninguna índole.