Una reforma judicial que demandará exorbitantes gastos anuales al Estado

Más allá de las consistentes objeciones formales y de fondo que se conocieron en las últimas semanas, corresponde señalar que la puesta en marcha de la reforma judicial en la Argentina le implicará al Estado, en caso de quedar sancionada, un costo anual estimado en 5 mil millones de pesos por año, sólo para pagar los salarios de los nuevos magistrados.

Como se sabe, a primera hora de ayer el Congreso nacional dio el primer paso hacia la concreción de la reforma, al haberse aprobado por mayoría en la Cámara de Senadores el polémico proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y en cuyo texto la oposición cree ver un intento de lograr impunidad en casos de presunta corrupción.

Tal como se dijo, además de las distintas modificaciones que se proponen para la administración de Justicia, la instrumentación de la reforma prevé en el texto enviado por el Ejecutivo la creación de 279 cargos de magistrados, lo que la representaría al Estado argentino la necesidad de afrontar una erogación presupuestaria anual de 5.000 millones de pesos anuales. Pero las erogaciones serían mayores porque a última hora los senadores oficialistas le agregaron la creación de más juzgados federales, incluso uno en La Matanza.

Se indicó que los sueldos de parte de los nuevos cargos, salvo los de magistrados con rango de camaristas, rondarán en los 400.000 pesos mensuales por cada juez, lo que supondría entonces un monto global mensual de 111.600.000 pesos, es decir unos 1.400 millones de pesos anuales de acuerdo a las cifras del dictamen. Pero esos montos no incluyen los salarios estimados del personal ni la infraestructura edilicia que hará falta para albergar las nuevas dependencias. Se conoce, en tal sentido, que ya no queda espacio para instalar nuevos juzgados en Comodoro Py.

Acaso podría argumentarse que bien valdría la pena invertir semejantes recursos si la Justicia mejorara su funcionalidad a partir de la creación de nuevas dependencias. Los bonaerenses conocen que en 1998 se puso en vigencia en Provincia el sistema penal acusatorio, en una reforma sustantiva que obligó a crear una gran cantidad de cargos de alto nivel salarial, construir nuevos edificios e incurrir en gastos operativos de magnitud, sin que hasta la fecha se hayan advertido mejoras visibles ni una mayor efectividad en los procesos penales.

Por cierto que aquí se habla de recursos para atender a la justicia nacional, que serán mucho más voluminosos que los que demandó la reforma bonaerense. A nadie puede escapar la creciente disfuncionalidad que caracteriza a varios fueros de la justicia, que se encuentran en crisis total. Antes que los problemas que presenta el fuero penal económico, debería hablarse, por ejemplo, del fuero de familia, hoy completamente desbordado, con reclamos de mujeres maltratadas que se acumulan en los mostradores, con padres privados por mucho tiempo de poder ver a sus hijos por las demoras procesales existentes. Ni hablar de lo que ocurre con los desalojos, las usurpaciones o los expedientes de quiebras, demorados muchos de ellos hasta llegarse a los límites –o transponerlos- de la denegación de justicia.

LE PUEDE INTERESAR

“Sí, quiero”: el canje cerró tras 129 días de negociaciones complejas y agitadas

LE PUEDE INTERESAR

Mercosur-Europa y una puja regional

La justicia nacional cuenta hoy con edificios obsoletos y con un sistema informático desbordado e ineficaz, tal como lo han señalado distintas fuentes del Poder Judicial. No parece ser, entonces, oportuno, impulsar ahora una reforma en un contexto urgido por las necesidades apremiantes del país y del propio Poder Judicial.

No se niega aquí la necesidad de que se produzcan reformas en la Justicia. Es más, desde esta columna se las ha propiciado, como punto de partida para introducir diversas mejoras en áreas esenciales, como la penal económica, por ejemplo. Ocurre que, en la dramática emergencia que atraviesa el país, esas cuestiones pueden diferirse.

Una reforma de esta naturaleza merece análisis profundos y el consenso de la mayoría de los operadores y sectores vinculados a la Justicia, sin que asimismo los cambios impliquen para las exhaustas arcas del Estado nuevos y cuantiosos gastos que hoy no se encuentra en condiciones de afrontar.