“Sí, quiero”: el canje cerró tras 129 días de negociaciones complejas y agitadas

Columnista de EFE

El proceso de adhesión al canje de bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares concluyó, tras 129 días de complejas negociaciones con acreedores privados que incluyeron tres ofertas formalizadas por Argentina y otras varias propuestas presentadas por poderosos fondos de inversión.

La primera oferta de reestructuración fue lanzada por el Gobierno de Alberto Fernández el 21 de abril pasado y fue rechazada de plano por los acreedores ya que apenas tenía un valor de 40 dólares por cada 100 de bonos a canjear, muy lejos de los 66 dólares pretendidos inicialmente por los inversores.

Aquel día se inició formalmente el tira y afloja entre el ministro de Economía, Martín Guzmán -un académico, experto en deuda pública y estrenado en la función pública en diciembre pasado-, y los principales acreedores, agrupados en tres comités, inicialmente con intereses diversos entre sí.

Argentina había tomado la decisión de buscar una reestructuración de su deuda bastante antes, durante el Gobierno de Mauricio Macri, que se endeudó fuertemente en un contexto de recesión que terminó por explotar en agosto del año pasado, cuando los mercados saltaron por los aires tras la derrota del entonces mandatario ante el peronista Fernández en las primarias presidenciales.

Los títulos públicos argentinos se derrumbaron estrepitosamente y un par de semanas después de aquellos comicios el Ejecutivo reconoció que habría que renegociar la abultada deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Finalmente, el 27 de octubre Fernández ganó las presidenciales y asumió la Presidencia el 10 de diciembre, anticipando que iba a buscar reestructurar la deuda.

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Para enero, el nuevo Gobierno ya tenía un cronograma en mente: lanzaría la oferta en la segunda semana de marzo y cerraría el canje en los últimos días de ese mes. Un “plan perfecto” que vino a estragar el coronavirus.

La pandemia, de hecho, impuso no sólo un contexto crítico para una negociación compleja de un país en verdaderos apuros económicos sino además una modalidad inédita de conversaciones, por vídeoconferencia, sin viajes ni reuniones cara a cara en Nueva York o Londres, como hubiera pasado en la antigua “normalidad”.

Lo que no cambió fue la tensión propia de toda negociación, con duros comunicados de uno y otro lado de la mesa, amenazas de litigio por parte de los acreedores e impagos sucesivos por parte de Argentina a medida que avanzaba el proceso.

El 22 de mayo, Argentina cayó en cese de pagos parcial al caducar el período de gracia para regularizar un vencimiento de bonos incluidos en la oferta de reestructuración, una señal de los problemas del país para afrontar sus deudas. A mediados de junio, las conversaciones parecían naufragar. El nivel de adhesión a la oferta inicial era paupérrimo y el escenario auguraba el fracaso.

El 5 de julio, tras rechazar contraofertas de los acreedores, Argentina formalizó una enmienda de su oferta -el “máximo esfuerzo” que podía hacer el país, según Guzmán-, con mejoras respecto a la inicial, pero aún lejos de las pretensiones de los inversores. Los comités volvieron a rechazar la oferta y, por primera vez desde el inicio de las negociaciones, se alinearon y presentaron una contrapropuesta conjunta el 20 de julio que el Gobierno de Fernández, a su vez, rechazó.

Lo cierto es que en este ir y venir de ofertas, las partes lograron achicar sustancialmente las diferencias económicas y finalmente a inicios de agosto llegaron a un principio de acuerdo por el que Argentina presentaría una nueva enmienda con ciertas mejoras y los comités, cuyo apoyo es fundamental para lograr los niveles mínimos requeridos de aceptación al canje, se comprometieron a adherir a la reestructuración.

El 17 de agosto Argentina formalizó la nueva enmienda ante la Comisión de Valores de los Estados (SEC, por su sigla en inglés). El nivel de aceptación logrado se conocerá el lunes y, si alcanza los mínimos requeridos, el canje se concretará el 4 de septiembre.

“El 22 de mayo, Argentina cayó en cese de pagos parcial al no cumplir con un vencimiento de bonos incluido en la oferta de canje”