Dos abogados y un empresario de los micros detenidos en la causa Ordoqui
Edición Impresa | 7 de Septiembre de 2020 | 04:49

La investigación por tráfico de influencias y asociación ilícita contra el suspendido titular de la sala V del Tribunal de Casación, Martín Ordoqui, sumó este fin de semana tres nuevas detenciones en una serie de nuevos allanamientos. En tanto, un cuarto sospechoso se mantiene en condición de prófugo.
Fuentes vinculadas con la investigación judicial confirmaron que a instancias de la fiscal Betina Lacki (UFI Nº 2), el juez de Garantías Guillermo Atencio libró cuatro órdenes de allanamiento que fueron acompañadas de arrestos para los abogados Ricardo y Julián Ducid -uno con domicilio en La Plata y otro en Ezeiza- y el empresario Gabriel Cassinotti con pasado en la actividad financiera y ahora en el transporte, como ejecutivo en las líneas de colectivos de la Región 202 y 307.
Sobre el sospechoso prófugo, las fuentes indicaron que se trata del abogado Alejandro Timorín, con domicilio en Ezeiza y estudio jurídico en capital federal.
Todos están acusados por maniobras en torno a una presunta asociación ilícita dedicada al tráfico de influencias para en favorecer a imputados en procesos judiciales, a cambio de dinero y dádivas.
En otra de las novedades del expediente en las últimas horas, se le comunicó a Enrique Petrullo -ligado a Ordoqui en supuestas maniobras ilegales en un rol de “operador judicial”- que se ampliaba su detención a ocho hechos de tráfico de influencias.
En tanto, a Javier Ronco, acusado por un doble crimen ocurrido en 2010 y a quien Ordoqui benefició con prisión domiciliaria, se le ordenó su detención por participación en la causa por tráfico de influencias y asociación ilícita.
Ronco aparece involucrado en otras causas donde la lupa se posó sobre funcionarios de la Justicia en La Plata. Por caso, en la que se investiga la presunta conformación de una asociación ilícita que habría liderado el ex juez César Melazo. Ambos expedientes tienen instrucción de la fiscal Betina Lacki.
Bernardo Barrué, abogado de Cassinotti, dijo que su cliente está imputado por “un hecho de 2014 donde Petrullo y Timorín hicieron algún trabajo dentro de un expediente judicial en Junín, por un caso de violencia familiar grave y supuestamente consiguieron un fallo favorable a través de sus influencias en la Casación del juez Ordoqui”. Según relató el abogado, tras ese supuesto fallo a medida, el beneficiario, un integrante de una fuerza de seguridad, “tenía que pagar y dijo que lo tenía cheques. Le dijeron que vaya a una financiera y que los cambie ahí. Vino una persona con cheques y Cassinotti le entregó la plata al abogado que había intervenido. No hay ningún otro hecho. Nada”, dijo.
Barrué apuntó que su cliente conocía a Petrullo. Solo al presunto “operador”. Aclaró en esa línea que “no conocía a otras personas del expediente”.
Puntualmente, dijo que Cassinotti “lo conocía a Petrullo de cuando vendía viajes y él era gerente del Rápido Argentino”. Según Barrué, el transportista fue tentado por Petrullo: “en una causa posterior, por una huelga del transporte en La Plata en el año 2016, le pidió plata y lo sacó corriendo”.
Así las cosas, el abogado rechazó la acusación: “a un tipo que es empresario, tiene actividades diversas, es licenciado en economía y trabaja 14 horas al día, la fiscal lo mete preso marcándole una asociación ilícita. Es insólito. Es una locura absoluta”, dijo y añadió que Cassinotti “está a derecho. Si lo hubieran citado hubiera explicado la situación y punto”, dijo y rechazó que “se diga que se detuvo al financista de esta banda”.
Así las cosas, el abogado indicó que tras el arresto del sábado, ayer presentó un pedido de excarcelación para su cliente. Fue el único que declaró ante la fiscal.
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