Red de trata: avanza la investigación contra un empresario platense

El juzgado de garantías que investiga una presunta red de trata de personas y explotación sexual que operaría en La Plata y alrededores rechazó el pedido de eximición de prisión que pidió un conocido empresario inmobiliario local sospechado de integrarla en un rol preponderante, medida que fue apelada y debe resolver la Cámara, informaron fuentes judiciales.

En esa misma instancia está el rechazo a la prisión preventiva dictada contra el único detenido que tiene la causa, cuyos defensores, Christian Parodi y Fernando Palazzo, pidieron que se lo incorpore como arrepentido e ingrese en el sistema de protección de testigos, “porque es un gasista y albañil que hacía los mantenimientos de las propiedades y está siendo amenazado en la alcaidía Pettinato para que no hable”, dijeron los abogados a este diario.

Consultadas al respecto, fuentes judiciales aclararon que “la Ley del Arrepentido no tiene aplicación porque la Provincia no adhirió” y rechazaron que el imputado “sea solamente un albañil y gasista”, como sostiene la defensa, con el argumento de que “tiene tres investigaciones en curso en la justicia Federal”.

La hipótesis es que “en el marco de la cuarentena sacaban a las trabajadoras sexuales de la calle, las ubicaban en departamentos que pertenecerían a la inmobiliaria y ahora se investiga si hay una organización que se dedica a la explotación sexual”. En tanto, un vocero judicial confirmó que las unidades “se usaban como puticlubs” y creen que a las inquilinas “se les cobraba para que puedan trabajar”, aunque “de manera compulsiva y a un precio desmedido”.

“El detenido es un simple albañil en extrema pobreza que lo mandaban a cobrar alquileres en plena pandemia”, aseguran los defensores, con el argumento de que “es una ficción que un negocio de 15 millones anuales sea manejado por quien arreglaba las estufas y revocaba las paredes de los bienes locados”.

En el marco de esta causa que está bajo la instrucción de la fiscal Cecilia Corfield y el juzgado de garantías de Pablo Raele, se hicieron más de 40 allanamientos en propiedades que estaban bajo el control de una misma inmobiliaria, para alquiler o para venta, y en algunos de esos procedimientos se encontraron mujeres ejerciendo la prostitución y se secuestraron elementos importantes para la investigación, como preservativos, juguetes sexuales, gel íntimo, teléfonos celulares, agendas, ropa femenina y droga para consumo, se desprende de versiones oficiales.

“El único detenido denunció que se alquilaban casas o departamentos por 4 a 6 meses sin avisarles a los dueños, para poder percibir el total del alquiler defraudando a los propietarios”, aseguran los defensores.