Piparo: policías declararon en contra de la pareja y piden allanar la Primera

El abogado de uno de los motociclistas que fueron atropellados por el marido de Carolina Piparo (44) en la madrugada de Año Nuevo, poco después de que ambos sufrieron un ataque motochorro en La Loma, pidió a la justicia que allane la comisaría a la que concurrió el matrimonio “para que se preserven rastros genéticos” que pudieran pertenecer a los integrantes de la pareja. Así lo confirmó ayer a la mañana en una rueda de prensa Martín De Vargas, patrocinante de Luis Levalle (23), quien había solicitado la recusación de la jueza de Garantías que interviene en la causa, Marcela Garmendia, la cual rechazó el pedido.

Según el abogado, tras embestir a la moto en la que se trasladaban Levalle y un adolescente de 17 años, Piparo y su esposo Juan Ignacio Buzali (47) fueron a la comisaría Primera, donde “los policías los vieron vomitando y ambos tenían fuerte olor a alcohol”, aseguró.

De acuerdo a la versión del matrimonio, concurrieron a la Primera porque en esa jurisdicción ocurrió el asalto que iban a denunciar cuando creyeron ver a los ladrones, trataron de no perderles el rastro mientras llamaban al 911 y embistieron a la Honda XR 250 al verse “cercados”.

“Solicitamos que se allane la comisaría para que se preserven los rastros genéticos”, agregó el abogado, quien manifestó que “a Buzali se le extrajo sangre y la pericia está ordenada para el día 8 de enero”.

Fuentes oficiales confirmaron que los dos policías que aseguran haber sido testigos de esta escena ya lo declararon en la causa.

Consultados sobre esta versión, allegados a la diputada provincial destacaron que “la propia Carolina contó en distintas notas que se descompuso a las 6 de la mañana” en la comisaría Primera, cuando allí “recibió la noticia de que los accidentados estaban bien y no fallecidos como les había dicho una mujer que los increpó en Plaza Moreno”. También negaron que Buzali, que era quien iba al volante del Fiat 500L, se haya descompensado. La fiscal María Eugenia Di Lorenzo llamó a declarar a esos policías y a la propia Piparo, como testigos.

Por otro lado, De Vargas insistió en que “cada día se reafirma la hipótesis de que fue un homicidio en grado de tentativa”, e insistió con que Buzali y su esposa confundieron a Levalle y al adolescente que lo acompañaba en la moto “con chorros y los embistieron por eso”. Sostuvo que “la presencia del secretario de Seguridad de la Municipalidad fue para encubrir los delitos cometidos por Buzali”, y opinó que Piparo y su marido “quisieron formar en la opinión pública algo que no era”. Luego cuestionó que el abogado defensor del matrimonio, Fernando Burlando, minimice el hecho por tratarse de lesiones leves y analizó que debe haber “una justicia para los pobres”. En ese tono, De Vargas consideró que “mintieron desde el principio” y agregó: “Piparo mintió; se pone en lugar de víctima, le echa la culpa al gobernador y al ministro (de Seguridad), cuando el que embistió la moto fue su marido y quisieron instalar que eran motochorros”. Además, De Vargas planteó que recusaron a la jueza Garmendia por ser madre de un integrante del gabinete municipal y apuntó que “esta es una lucha entre partes desiguales: gente humilde por un lado y, por el otro, el mejor abogado, una parte con contactos políticos y jueces con familiares en el mismo partido”.

“Quiero que se sepa la verdad. Ninguno de los chicos tiene antecedentes que no sean laborales o de estudio”, concluyó.

En el rechazo del planteo recusatorio Garmendia argumentó que su hijo no está vinculado a la causa y que “suponer que el mero hecho de compartir funciones en una misma gestión genera, por esa sola circunstancia, un interés en el devenir de un determinado proceso, sin profundizar ni justificar cual sería la relación o el actuar concreto, no logra evidenciar ese supuesto interés que fundamenta la hipótesis recusatoria”.

En medio de los tironeos políticos que complican la resolución de un caso policial, fuentes judiciales insisten en poner en foco lo que tienen prácticamente probado: Piparo fue asaltada por seis delincuentes en tres motos en 47 entre 15 y 16 y su marido embistió a dos motociclistas en 21 entre 38 y 39. Estos jóvenes no tienen nada que ver con el primer hecho.

Resta ahora identificar a los autores del robo (en las próximas horas podría haber novedades) y determinar en qué circunstancias se produjo el choque, que causó también daños a otros vehículos estacionados.

Los abogados de los heridos pidieron la detención de Buzali, pero hasta ahora en la justicia hay dos causas caratuladas “robo calificado en poblado y en banda” y “lesiones culposas”. En la primera, Piparo es la víctima, y en la segunda los imputados son Buzali y el conductor de la moto, al menos hasta que se esclarezca la secuencia del embiste. Con esa calificación es improbable que se ordene la detención de Buzali, decisión que debe adoptar Garmendia.

La fiscal Di Lorenzo sigue recabando testimoniaos y analizando imágenes de cámaras de seguridad para terminar de reconstruir qué pasó entre la 1.50 y las 3 de la mañana del primer día del año.

“En mi caso lo único que fui es víctima”, dijo Piparo a la prensa, “mi marido tiene que dar una explicación por la maniobra, por lo que fuera, y la dará ante la Justicia, porque siempre estuvo a derecho y va a estar a derecho, pero lo que están haciendo es una inmoralidad. Que se ocupen del delito, porque mientras nosotros estamos charlando a muchas personas la están afanando motochorros”.

En el rechazo de la recusación Garmendia resaltó que su hijo no está vinculado a la causa

En las próximas horas declararían ante la fiscal los policías de la Primera y Piparo