Se le sumarían denuncias al técnico de básquet

El técnico de básquet platense que fue detenido el viernes, sospechado de abusar sexualmente de dos de sus alumnos cuando eran menores, fue indagado ayer por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y se negó a declarar. Gerardo Tomás Ponce seguirá preso, mientras expertos informáticos analizan el material que secuestraron al arrestarlo en su casa de Tolosa.

Tanto Di Lorenzo como el abogado que patrocina a uno de los dos denunciantes, Miguel Molina, están convencidos de dos cosas: que habría más víctimas y que en las computadoras, tablets o teléfonos del acusado podrían rastrearse mensajes electrónicos vinculados con delitos de “grooming” (acoso digital a menores). En relación con lo primero, informaron a las potenciales víctimas que pueden presentarse a declarar ante el Gabinete de la DDI (1 y 59) o consultar en la UFI 17 (ufij17.lp@mpba.gov.ar).

Como se informó en la edición de ayer, Ponce, de 37 años, fue denunciado en junio pasado por dos jóvenes que ahora rondan los 20, pero que fueron alumnos suyos entre los años 2005 y 2010, aproximadamente. Uno de ellos expuso que los ataques habrían ocurrido en el Club Juventud (35 n° 330); en el club Sudamérica (528 n° 845); en su propia casa y en la de otra familia. En el pedido de detención, la fiscal resaltó que el imputado “aprovechaba su rol de educador como director técnico de basquet en las entidades mencionadas, no solo para acceder al menor bajo su cargo, sino también para generar vínculos afectivos cercanos, tanto con éste como con su familia”. El otro denunciante declaró que los abusos habrían ocurrido entre 2008 y 2009 en la vivienda del técnico, cuando él tenía 12 años.

Los investigadores sumaron a la causa una denuncia previa por un hecho de “grooming” ocurrido en 2007, cuando aún no se había legislado sobre este delito, en la que un chico aseguró haber sido acosado sexualmente a través de correos electrónicos. Esa causa se tramitó ante la UFI 9 y fue archivada, pese a lo cual “se logró determinar que los correos electrónicos recibidos por la víctima provenían del domicilio de 15 entre 527 y 528”, donde “residía y reside actualmente” el acusado, se lee en la orden que avaló el juez Agustín Crispo.

Por el lado de los clubes, en tanto, informaron a la justicia los años en los que el imputado prestó servicios en sus sedes. Según el Juventud, fue entre 2005 y 2010, teniendo a cargo categorías que abarcan desde los 4 a los 13 años. El Sudamérica detalló que Ponce trabajó desde 2010 hasta junio del corriente año, cuando se radicó la primera denuncia.

Los padres “de menores que acuden a una institución, como en el caso un club de básquet, a fin de que sus hijos realicen una actividad física y de recreación” argumentó la fiscal, “confían a dichas entidades -y a las personas físicas que la componen- uno de sus bien más preciados -sino el más-: la integridad de sus hijos”. A su criterio, de esa “confianza se valió monstruosamente el imputado”.