La reforma jubilatoria en Chile

El modelo privado de pensiones de Chile, que recientemente cumplió 41 años, está siendo fuertemente cuestionado, hasta el punto de que el presidente electo, Gabriel Boric, se comprometió a reemplazarlo por uno público, una decisión que podría generar un “efecto dominó” en algunos países de la región con sistemas similares.

Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e ideado por uno de los hermanos del mandatario saliente, Sebastián Piñera, el sistema fue pionero en la región en establecer la capitalización individual.

Boric, quien se impuso con una amplia victoria, prometió “pensiones dignas” durante su campaña, algo que pretende conseguir acabando con las polémicas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y transitando hacia un sistema público.

El exlíder estudiantil, sin embargo, ha explicado reiteradamente que no se “interferirá” en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha y que su propuesta “debe estar abierta a modificaciones”.

Para Francisco Castañeda, de la Universidad Mayor, el objetivo de Boric se antoja “complejo” por la composición del futuro Parlamento -altamente fragmentado y sin mayoría- y su reforma podría terminar no siendo tan ambiciosa.

Las pensiones llevan años en el ranking de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación total del sistema fue una de las principales demandas de las protestas de 2019, las más graves desde el retorno a la democracia. “Las AFP nunca han entregado pensiones dignas porque no fueron creadas para ello, sino para generar un mercado de capitales en torno a las élites”, denunció Mario Villanueva, uno de los fundadores del movimiento No+AFP, que lleva años movilizando a miles de personas en las calles.

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Gasto público: más en subsidios que en empleados

En Chile, cada trabajador formal está obligado a aportar el 10 por ciento de su sueldo mensual a una cuenta personal que es tutelada por las AFP y de la que puede disponer cuando se jubile (60 años para las mujeres y 65 años los hombres). Actualmente existen 7 AFP, que obtienen beneficios millonarios tras invertir en los mercados los ahorros de los trabajadores, que suman más de 200.000 millones de dólares, cerca del 8 % del PIB chileno.

La rentabilidad media que las AFP han proporcionado en estas cuatro décadas, señaló Villanueva, “no llega al 5 %”, frente a las utilidades promedio del 25 % que han obtenido: “Es un sistema fracasado”, agregó.

Según la Superintendencia de Pensiones, las más de 8.000 personas que se jubilaron en noviembre recibieron de media una pensión mensual de 260 dólares, un poco menos de la mitad del salario mínimo. “Desde el punto de vista de la inversión, las AFP han contribuido al crecimiento, pero los trabajadores no han recibido lo esperado”, explicó Castañeda, quien apuntó que el sistema funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores chilenos.

Germán Vera, de la Universidad de Los Andes, indicó que parte de la responsabilidad de que las AFP sean tan impopulares “recae en los mismos arquitectos del sistema, que para lograr su adopción prometieron tasas de reemplazo del 100%”, cuando en la actualidad rondan el 30%.

El sistema, sin embargo, ha sufrido reformas en los últimos años, como la impulsada en 2008 en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, quien introdujo el llamado “Pilar Solidario”, un tipo de pensión financiada por el Estado y dirigida al 60% más pobre de la población que nunca había cotizado.

En un hecho histórico, el Parlamento chileno aprobó en julio de 2020 el primer retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones para que la clase media pudiese hacer frente a la crisis provocada por la pandemia.