Femicidios: 38 muertes en lo que va del año y la prevención otra vez en debate

Rosita Marina Patagua, una mujer jujeña de 46 años que había hecho reiteradas denuncias por violencia de género contra su pareja, murió en las últimas horas del viernes, en el hospital Pablo Soria de la capital de esa provincia. Había sido acuchillada por el mismo hombre al que denunció y que a fines de 2020 llegó a estar detenido por poco tiempo hasta que su defensa consiguió que lo liberaran. Rosita María Patagua murió a causa de varias heridas en el tórax y su nombre se sumó a la larga lista de víctimas de la violencia de género en la Argentina. Tres en la última semana y 38 en lo que va del año, según los datos que maneja el Observatorio de femicidios Adriana Marisel Zambrano, de la asociación civil Casa del Encuentro.

La muerte de Rosita María Patagua no sólo vino a sumarse a una larga lista de decesos evitables a causa de la violencia e género, sino que se produjo en una sociedad profundamente sensibilizada ante esa problemática después del crimen de Úrsula Bahillo, una joven asesinada por un policía que era su ex pareja el último lunes en Rojas, provincia de Buenos Aires. Como en el caso de Rosita María Patagua y de tantas otras (6 de las 31 asesinadas en crímenes de género sólo en el mes de enero de 2021) también Úrsula había hecho denuncias previas. No una, sino 18. Sin embargo el crimen no se evitó.

Esta situación volvió a poner a la violencia contra la mujer en el centro de la atención pública. Sobre todo, a los mecanismos para prevenirla, que volvieron a revelarse insuficientes. Sólo el caso de Úrsula Bahillo puso en evidencia errores y omisiones en la actuación judicial y policial que pusieron esos mecanismos, y la forma en que se aplican, en cuestión. Además, se puso en evidencia la distancia que separa a las buenas intenciones de una legislación que mostró avances en la materia en los últimos años y su expresión en el día a día de las mujeres golpeadas, amenazadas, perseguidas que buscan amparo en la justicia.

Ada Rico es presidenta de Casa del Encuentro, una asociación civil que trabaja en la problemática de la violencia contra la mujer y que desde su Observatorio del Femicidios Adriana Marisel Zambrano monitorea la incidencia de los crímenes de género en la sociedad Argentina y dice que una de las razones por las que conmueve tanto a la sociedad la muerte de Úrsula Bahillo es porque es un femicidio que se podría haber evitado. Y, en ese sentido, está lejos de tratarse de un caso aislado.

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Se necesitan reformas estructurales

“La mujer que trata de salir de una situación de violencia de género enfrenta hoy infinidad de obstáculos, las herramientas existentes no alcanzan”, dice Rico. Y agrega que “se necesitan más y mejores herramientas que la asistan, personal mejor capacitado en la problemática, tanto en la policía como en la Justicia, que sean capaces de hacer una evaluación correcta del riesgo. Pero fundamentalmente se necesita que las iniciativas contra la violencia de género, que son buenas cuando se anuncian, se concreten en el día a día y de una manera eficaz”.

En ese sentido, menciona como ejemplo a la ley 27.210 que establece que el Estado disponga de abogados especializados en violencia de género para acompañar a las víctimas que denuncian, “una ley aprobada en 2015, que sin embargo no se lleva a la práctica”.

También alude a un programa anunciado por el Ministerio de la Mujer de la Nación para entregar ayuda económica por un lapso de seis meses a mujeres que atraviesan situaciones de violencia crítica que demora en cumplirse.

“Hay iniciativas para prevenir la violencia de género que son buenas cuando se anuncian, pero finalmente no se concretan. Hay muchas leyes que apuntan a la prevención que hoy no se cumplen” 

Ada Rico
Presidenta Casa del Encuentro

Menciona, además, entre la larga cadena de obstáculos que enfrentan las mujeres denunciantes a las dificultades que atraviesan para obtener dispositivos de protección como los botones antipánico, conseguir que se coloquen tobilleras para control del agresor o que se cumplan las restricciones perimetrales una vez que son dispuestas por la Justicia.

En este sentido, el mismo fiscal que entiende en la causa por el crimen de Úrsula, Sergio Terrón, calificó como “medidas simbólicas” al botón antipánico y la restricción perimetral, al tiempo que consideró “insuficientes” a los actuales medios para prevenir femicidios y opinó que “se deberían diseñar, en un futuro, herramientas más potentes y eficaces”.

UN LABERINTO JUDICIAL

Lo cierto es que quienes trabajan a diario en la problemática de las mujeres víctimas de violencia hablan de que la denunciante pronto se encuentra en un laberinto judicial, con falta de coordinación entre juzgados e instituciones, ausencia de controles a victimarios y sin medidas de protección adecuadas.

Flavia Centurión, abogada y presidente de la ONG platense Las Mirabal destaca que la cadena de violencias institucionales que enfrenta la mujer que trata de salir de una situación de violencia de género empiezan en el momento mismo de presentar la denuncia, que se les toma mal o se minimiza “ siendo los relatos de las mujeres recortados y resumidos, los hechos denunciados mal calificados por falta de capacitación del personal. Se otorgan medidas judiciales estandarizadas que no se adecuan a la realidad concreta que se denuncia y que solo lavan la responsabilidad del funcionario que las otorga, pero no resguardan a nadie” (ver aparte).

Por su parte, Ada Rico coincide en que “se sigue minimizando la denuncia de la mujer víctima de violencia en ámbitos judiciales y policiales”.

Raquel Asencio que es titular de la comisión de Género de la Defensoría General de la Nación subraya la necesidad de “tomarse en serio las experiencias y la palabra de las mujeres” y considera que para que eso ocurra se necesitan operadoras y operadores de la justicia que “deben capacitarse para evaluar el riesgo en que se encuentran quienes denuncian violencia de género y que se tomen en serio el deber de adoptar medidas apropiadas de protección”.

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Pero esa capacitación, abundan los expertos, no se logra en una “charla”. Se necesitan evaluaciones de competencia y de impacto en las sentencias de manera urgente, según destacan, por caso, desde la fundación Mujeres x Mujeres.

Las cosas para una víctima de violencia de género que llega a denunciar no mejoran a medida que el proceso avanza: al contrario. Poco a poco va sintiéndose en medio de un laberinto judicial con dos instancias, una civil y una penal, en la que se suman los procesos, instituciones, formas, procedimientos, que hacen importante que cuenten con un patrocinio jurídico.

Dada esta situación, algunos especialistas se pronuncian por la necesidad de una nueva forma de organización judicial que permita un abordaje integral de este tipo de casos.

Contrariamente a eso, hoy la respuesta está fragmentada. Los juzgados de familia toman medidas de protección “pero los dispositivos preventivos son insuficientes y deficitarios, con nula o escasa vigilancia de su efectividad o acatamiento”, según destacó Asencio, quien también sostuvo que “la justicia penal suele archivar, desestimar o minimizar las denuncias por incumplimiento. No se consideran esos incumplimientos como indicadores de incremento de riesgo y no se adoptan medidas de prevención más efectivas”.

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En este marco, también la comisión de la Banca de la Mujer del Senado pidió la última semana que se “profundice la aplicación de la legislación” vigente contra la violencia contra las mujeres en la Argentina y alertó que “la prevención y las herramientas institucionales que hoy existen para hacerle frente” a esa problemática “son insuficientes”.

Agregaron que “es necesario que se profundice la aplicación de la legislación con que contamos, como la Ley 26485” y que las distintas jurisdicciones y organismos provinciales y nacionales realicen acciones conjuntas de prevención, asistencia y seguimiento. Si no se interactúa, se comparte información y se realiza un abordaje integral, las mujeres seguiremos desamparadas y solas”, concluyeron.