Se necesitan reformas estructurales

Abogada, presidenta de la ONG Las Mirabal

El femicidio de Úrsula, al igual que tanto otros, era absolutamente evitable. Suceden porque nuestro sistema institucional (poder judicial, legislativo y ejecutivo) fue diseñado y programado para que los derechos de las mujeres en situación de violencia de género, sean groseramente vulnerados una y otra vez.

Hemos logrado arrancarle a este sistema, generador de impunidad para los violentos y legitimador de las violencias contra las mujeres y personas no binaries, algunos reconocimientos, gracias a la constante y sostenida lucha de los movimientos de mujeres, pero son insuficientes, la realidad se encarga de dejarlo en claro. El avance logrado en el período 2006 - 2015 a través de la sanción de la ley nacional de protección integral 26485, la ESI, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, varios programas de ayuda y empoderamiento para mujeres, fiscalías especializadas, apoyo a organizaciones sociales que trabajan la temática, acompañado de un gran impulso a la visibilización y concientización de la problemática de género, que ampliaron de manera importante el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de las mujeres, hoy está en franco retroceso.

Desgraciadamente desde 2015 hasta hoy venimos sufriendo una enorme regresión en todos los sentidos: cierre de programas de prevención y protección por desfinanciamiento de políticas públicas, falta de recursos y una vergonzosa disminución del acceso a la justicia. Esto lo vemos reflejado en la insuficiente adopción de medidas de protección, falta de acceso al patrocinio jurídico especializado, falta de investigación e impulso de procesos judiciales vinculados a delitos de género, comisarías de la mujer sin personal y en condiciones edilicias deplorables, escasas tobilleras electrónicas para monitorear a los agresores, falta de capacitación de efectores estatales, falta de control y sanción de funcionarios/as que no cumplen con sus deberes básicos. Basta repasar dos o tres datos para demostrar esta conclusión: desde 2015 a la fecha las condenas por femicidios se redujeron en un 84 % (dato UFEM) aumentaron considerablemente las denuncias, disminuyó el inicio de procesos judiciales por violencia de género y aumentaron los femicidios (uno cada 22 horas) Todo en un marco de crisis económica que afecta más a las mujeres, es letal para nosotras.

El caso de Úrsula no es aislado. Las mujeres en situación de violencia no solo se enfrentan con la falta de recursos financieros del Estado sino también con groseras e imperdonables violencias institucionales: denuncias mal tomadas ; hechos denunciados mal calificados por falta de capacitación del personal; otorgamiento de medidas judiciales estandarizadas que no se adecuan a la realidad concreta que se denuncia y que solo lavan la responsabilidad del funcionario que las otorga pero no resguardan a nadie; omisión de valoración de riesgo de femicidio; falta de investigación de antecedentes de los agresores; incomunicación entre los fueros de familia y penales; nula investigación y resolución de delitos de desobediencia, lesiones y amenazas en contexto de género; en ocasiones meses de espera para que otorguen un medida que encima es insuficiente; falta de personal de seguridad para monitorear medidas; botones antipánicos cuyo funcionamiento depende de que la mujer tenga crédito en su teléfono y cuando son activados la policía no llega o llega tarde. Además cuando las mujeres levantan la voz para reclamar por estas irregularidades son reprendidas por el funcionario que las atiende. Claro hay excepciones, pero la regla es la desprotección y el abandono de la víctima.

El caso de Úrsula expone crudamente un sistema nefasto que a todas luces funciona a favor del patriarcado, porque lo legitima, lo engrandece y ratifica. El calvario que atravesó Úrsula es por el que pasan cientos de mujeres, no es novedad para nosotras.

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Necesitamos reformas profundas, estructurales a nivel legislativo, judicial y ejecutivo que garanticen el acceso rápido oportuno y eficaz a la Justicia, la presencia de funcionarios/as en todas las esferas del Estado, sensibles y capacitados, organismos desburocratizados pragmáticos y dotados de recursos suficientes, abordajes integrales y respetuosos de los derechos y libertades de las mujeres. Hasta que ello no suceda nos seguirán matando por ser mujeres.