El fiscal Marijuán denunció penalmente a Ginés González García y Horacio Verbitsky

Tras explotar el escándalo de la vacunación VIP en nuestro país, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal Ginés González García, el periodista Horacio Verbitsky y otros eventuales involucrado. Además reclamó las provincias informen a quiénes están suministrando la vacuna contra el coronavirus como “personal esencial”.

“Por medio de la presente vengo a formular denuncia penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 y siguientes del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación), para que se investiguen los hechos que han tomado estado público, a partir de publicaciones en medios periodísticos, que dan cuenta que personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, se encuentran siendo vacunadas”, comenzó indicando el fiscal en su denuncia, la cuál será sorteada el lunes.

“Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no sólo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda hacerlo”, precisó en otro pasaje.

Por otro lado, indicó que lo ocurrida implica “una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en las listas de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”.

Marijuan pidió que se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública en que habrían incurrido” González García y Verbitsky, “sin perjuicio” de que posteriormente se pueda “identificar a otras personas” que también estuvieran involucradas en este hecho. En la denuncia, resaltó que el propio Gobierno “fijó como objetivo vacunar al cien por ciento de la población teniendo en cuenta criterios científicos y éticos, y la disponibilidad progresiva de dosis”.

En este sentido, recordó que se estableció desde el Gobierno “un orden de prioridades” para la inmunización que consistió en una campaña “por etapas y de carácter voluntario, equitativo e igualitario, habiéndose otorgado prioridad al personal de salud”.

Sobre el final, el fiscal aseguró que lo que se está investigando “se trata de una bajeza tal en personas con un cargo político y funcional trascendente” que le hace “recordar a los peores momentos de la Argentina. En este punto, hizo una comparación con lo que sucedió en el 2001 con el Plan de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, “que era una ayuda económica para personas en estado de suma pobreza y decenas de miles de planes quedaron en manos de punteros políticos”.

Además consideró que este nuevo hecho que se conoció en las últimas horas “fue una clara manipulación” por parte de los integrantes del Poder Ejecutivo “responsables de la aplicación de la vacuna”, por lo que sostuvo que el accionar descripto “constituye el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

De acuerdo con esa ley, indicó, se “reprime con pena de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo” al funcionario “que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.