La Iglesia repudió la represión y pidió que se respeten los derechos humanos

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sostuvo que “no puede aceptarse el ejercicio de cualquier forma de represión violenta contra ciudadanos que reclaman por la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales”, en relación a las protestas ocurridas el viernes en la provincia de Formosa.

Así lo expresó la comisión, que encabeza el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, en una carta enviada en la noche del viernes al obispo de Formosa, monseñor José Vicente Conejero Gallego, difundida a la prensa. “Querido hermano: en nombre de los obispos de Argentina, queremos hacerte llegar nuestro mensaje de cercanía fraterna y de solidaridad con la situación que está viviendo el pueblo de Formosa. Compartimos tu preocupación de Pastor de esa querida provincia”, comienza el texto.

A continuación, los obispos señalan que “es preciso adoptar todas las medidas sanitarias que sean necesarias para combatir el Covid-19, dentro de la razonabilidad y conforme al contexto de su circulación, pero de ninguna manera puede aceptarse el ejercicio de cualquier forma de represión violenta contra ciudadanos que reclaman por la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales”.

“Seguramente no faltarán caminos para que la Iglesia junto a otros sectores de la sociedad impulsen el diálogo y la amistad social que alejen definitivamente cualquier forma de prepotencia personal o institucional, propias de otros tiempos trágicos de nuestra Patria”, indica el texto.

Finalmente, agregan: “Unidos a vos, a tu presbiterio y comunidades, rezamos para que cese la violencia. En las manos de la Virgen del Carmen, ponemos esta súplica a Cristo, Señor de la Historia”.

Además de Ojea firman la carta los restantes integrantes de la comisión ejecutiva del Episcopado: cardenal Mario Poli, Arzobispo de Buenos Aires, y Vicepresidente 1°; monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza y Vicepresidente 2°; y monseñor Carlos Malfa, Obispo de Chascomús y secretario general de la CEA.

El comienzo

Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa, anunció que la capital volvería a Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la aparición de nuevos casos de COVID-19.

La noticia generó protestas en los alrededores de la Casa de Gobierno provincial, que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que respondió con una tremenda represión con gases y balas de goma. Desde el Gobierno de esa provincia aseguraron que los manifestantes querían ingresar por la fuerza al edificio y que todo se desencadenó cuando le tiraron un “ladrillazo” a un policía.

Pero el repudio también llegó desde Estados Unidos. José Miguel Vivanco, responsable de la Dirección Ejecutiva de la organización internacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, Human Right Watch, repudió la represión y apuntó contra el Gobierno por su “aparente incapacidad para realizar un análisis despolitizado de la situación”.