Amplio rechazo opositor a la reforma judicial del Gobierno

La creación de una comisión bicameral para controlar las decisiones del Poder Judicial, los cambios en el mecanismo de designación de jueces, la creación de un Tribunal Federal de Garantías, la regulación del acceso a la Corte Suprema por recursos extraordinarios y juicios por jurados para delitos federales son algunas de las iniciativas que pretende el Gobierno para imponer una reforma de la Justicia que ya cosecha un amplio rechazo opositor.

Y es que para la oposición estas modificaciones -que el presidente, Alberto Fernández, adelantó en la apertura del año legislativo con sendas críticas al rol de los magistrados- persiguen un objetivo medular: favorecer la situación judicial de Cristina Kirchner y exfuncionarios complicados en causas por corrupción.

En cambio, al justificar el envío de los proyectos al Congreso, el Presidente argumentó que “la reforma del Poder Judicial en sus más amplias dimensiones es una demanda impostergable de la sociedad”. Pues, advirtió, “el Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”.

Mientras, la oposición ya traza su estrategia para frenar en Diputados -donde el Frente de Todos no cuenta con mayoría propia- los flamantes texto del oficialismo. La intención opositora es repetir el camino que tomaron las reformas del fuero federal -para ampliar la cantidad de juzgados- y del Ministerio Público Fiscal: ambas fueron aprobadas en el Senado y paralizadas en Diputados.

Aunque los textos con los cambios en el Consejo de la Magistratura, la creación de un Tribunal Federal de Garantías, la regulación del acceso a la Corte Suprema por recursos extraordinarios y juicios por jurados para delitos federales no llegaron todavía al Congreso, referentes opositores ya anticiparon sus cuestionamientos. Pero el anuncio que generó mayores repercusiones fue el pedido al Congreso para que “asuma el rol del control cruzado sobre el Poder Judicial”.

Al respecto, fue el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, uno de los primeros en dar precisiones sobre “la creación de una comisión bicameral que se encargue de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie”. En ese sentido, interpretó que “lo que dijo el Presidente es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes”.

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En Juntos por el Cambio ya avisaron que se opondrán a esa bicameral y que, en caso de que se conforme, analizarán si la integran.

“Parrilli quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Con evidente abuso de autoridad el kirchnerismo quiere atribuirse facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento. Inaceptable, no pasarán”, disparó, por caso, el radical Mario Negri, titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados.

Mientras que el referente del PRO, Pablo Tonelli, advirtió que “si vuelven a insistir con disparates como los que planteó Cristina Fernández de Kirchner en 2013 sobre la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, la llamada democratización de la Justicia, no nos van a encontrar dispuestos a discutir” y disparó: “Es lisa y llanamente una violación constitucional, con el objetivo deleznable de controlar y amedrentar a los jueces. Descuento que no la vamos a integrar, equivaldría a convalidarla. Hay que impugnarla”.

En la misma línea se posicionó el titular de la Coalición Cívica, Juan López: “Nos vamos a oponer, y llegado el caso analizaremos política y jurídicamente si hay que integrarla. En principio diría que no. Es una propuesta que subvierte el orden constitucional”, dijo.

Para el presidente de Consenso Federal en la Cámara Baja, Alejandro “Topo” Rodríguez, “es inviable la aprobación y funcionamiento de una comisión bicameral para controlar a los jueces”.

También el jefe del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, mostró su rechazo a la reforma perseguida por el Gobierno: “No vamos a acompañar nada que interfiera con la independencia o haga que la política tome de rehén a la Justicia”, aseveró.

Pese al recelo opositor, en el Gobierno insisten en que esta iniciativa no afectaría las funciones del Consejo de la Magistratura porque “trabajan sobre distintas cuestiones: el Consejo lo hace sobre cómo actúan los jueces, mientras que el Congreso debe hacer un control funcional de cómo actúa el Poder Judicial, identificando prácticas y procedimientos”, explicaron en la Rosada, donde esperan que la oposición destrabe los cambios en la Justicia que ya cuentan con media sanción en el Senado. Un anhelo que, en la víspera, asoma bastante lejano.