No deben reiterarse las excepciones sin causa en los planes de vacunación

Si bien no se pueden ignorar las extremas dificultades que caracterizaron los programas de vacunación anti Covid-19 en todo el mundo y en la Argentina -en una situación derivada, entre otros motivos, de la insuficiente oferta de los laboratorios que atienden al mercado internacional- es verdad que el operativo que se desarrolla en nuestro país sufrió por algunas deficiencias propias, que también deben incidir en el bajo porcentaje de la población que cuenta con las dos dosis, que hoy oscila entre el 5 y el 8 por ciento de los habitantes según las últimas estimaciones.

Ya se habló aquí de los pocos y mal distribuidos centros vacunatorios, con dificultades creadas especialmente para los adultos mayores que -aún en zonas densamente pobladas como la nuestra- debieron trasladarse muchos kilómetros para llegar a esos lugares. No fueron pocos los que desistieron de hacerlo ante la imposibilidad de concretar esos viajes, aún cuando debe señalarse que la atención al público por parte de los encargados de esos puestos resultó ser óptima en la mayoría de los casos.

Sin embargo, a la lentitud del avance del programa de vacunación se le fueron sumando -como notas ciertamente negativas- informaciones que dieron cuenta de la existencia de “vacunatorios VIP”, en los que se permitió y privilegió la vacunación de personas a las que no les correspondía recibir esas dosis. Las inmediatas y justificadas protestas, así como las explicaciones oficiales y el inicio de algunas causas para investigar esas prerrogativas sanitarias, parecieron cerrar el asunto hace algún tiempo.

Sin embargo, los “vacunatorios VIP”, esto es, las vacunas aplicadas a personas a las que no les correspondía aún la recepción de la primera y, además, de la segunda dosis, siguió vigente. Puede decirse que esa modalidad se descentralizó y llegó a diversos distritos. Ello hizo estallar una vez más las polémicas y los reclamos de la mayoría de la población, que se encuentra aguardando, como corresponde, su turno para vacunarse.

Bien se conoce también que los vacunados VIP -entre los que hay funcionarios, legisladores, políticos, militantes y muchas otras personas- invocaron distintas argumentaciones: que son personas de riesgo, que cuentan con enfermedad preexistente, que pertenecen al personal de Salud, etc. En la mayoría de estos casos, tales antecedentes resultaron ser falsos. Lo que quedó como corolario para la población es que la forma de gestionar el programa de vacunación mostró, en estos casos, corruptelas inadmisibles.

Una manera de transparentar los operativos podría ser la de que las autoridades sanitarias de cada distrito publicaran en forma detallada los listados de personas vacunadas, haciendo constar la edad de cada una de ellas y los antecedentes médicos que, en su caso, expliquen la eventual vacunación anticipada.

Sometida a las restricciones de una cuarentena muy prolongada, la población argentina no debiera verse obligada a convivir con esta clase de escándalos, como el de las vacunaciones VIP y, en cambio, constatar que el plan nacional de vacunación sigue avanzando con normalidad en procura de que todos los habitantes hayan recibido el esquema completo de las dos dosis.

Están en juego la vida y la salud de millones de personas y ello obliga a las autoridades sanitarias de todos los distritos a velar no sólo por una suficiente disposición de vacunas, sino a garantizar una organización cabal del operativo de vacunación, basado en forma estricta en los protocolos establecidos según los grados de riesgo de la población.